Autoridades insisten en exploración científica mientras comunidades exigen garantías ambientales claras
El debate sobre la posible explotación minera en la cordillera Septentrional ha escalado en intensidad, obligando al Gobierno dominicano a reiterar públicamente su postura. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que no existe intención alguna de desarrollar proyectos extractivos en esa zona, subrayando que las actividades actuales se limitan exclusivamente a exploraciones científicas preliminares.
Durante un encuentro con comunitarios en Santiago, encabezado por el sacerdote Ramón Ramos (padre Nino), el funcionario enfatizó que no hay contratos de explotación vigentes ni solicitudes en curso para transformar concesiones de exploración en proyectos mineros.
La aclaración surge en medio de crecientes inquietudes ciudadanas sobre el impacto ambiental en una región considerada estratégica por su biodiversidad y recursos hídricos.
Exploración técnica sin autorización para extracción
El Ministerio explicó que las concesiones otorgadas responden a procesos administrativos iniciados antes de la actual gestión gubernamental y se enmarcan en la Constitución, la Ley Minera 146-71 y la Ley 64-00 de Medio Ambiente. Estas autorizaciones permiten únicamente estudios como levantamientos geológicos y muestreos, sin facultad para explotar recursos.
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Santos fue enfático al señalar que estos permisos son de carácter limitado, temporal y están sujetos a estrictos mecanismos de supervisión estatal. Además, aclaró que las empresas concesionarias no adquieren derechos sobre los minerales, ni pueden realizar actividades comerciales vinculadas a su extracción.
El funcionario también explicó que cualquier paso hacia una eventual explotación requeriría un proceso completamente nuevo, que incluiría evaluaciones técnicas, estudios de impacto ambiental y la aprobación final del Poder Ejecutivo, lo que refuerza —según indicó— la inexistencia de decisiones en ese sentido.
Comunidades exigen garantías y mayor transparencia
A pesar de las explicaciones oficiales, las comunidades mantienen sus preocupaciones. Durante el encuentro, representantes del movimiento social “Unidos Somos Más” entregaron un documento con demandas y advertencias sobre los posibles efectos ambientales de cualquier intervención en la cordillera.
El Gobierno reconoce estas inquietudes como parte de un ejercicio democrático, comprometiéndose a mantener un diálogo abierto y transparente para evitar la desinformación. Sin embargo, también advirtió que la anulación de concesiones previamente otorgadas podría generar conflictos legales contra el Estado.
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El tema refleja una tensión creciente entre el desarrollo económico y la protección ambiental. La cordillera Septentrional es vista como un patrimonio natural clave, lo que eleva la sensibilidad de cualquier iniciativa vinculada a recursos minerales.
Mientras tanto, las autoridades insisten en que el proceso actual no implica explotación, sino recopilación de datos científicos. El desafío será sostener la confianza pública y garantizar que cualquier decisión futura respete tanto el marco legal como las demandas sociales, en un contexto donde la vigilancia ciudadana se mantiene en aumento.
