La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma que modifica la Ley de Glaciares, una normativa vigente desde 2011 y considerada pionera en la protección de estas masas de hielo. La iniciativa, promovida por el presidente Javier Milei, ha sido señalada como inconstitucional por diversas organizaciones ambientales y colectivos defensores de derechos humanos; además, señalan que esta flexibiliza el marco regulatorio en favor de la industria minera.
En términos generales, según el oficialismo, la reforma ajusta los conceptos y condiciones establecidos en la redacción original de la Ley de Glaciares, al considerarlos ambiguos. De acuerdo con la Casa Rosada, esta situación favorece interpretaciones arbitrarias y limita el aprovechamiento económico de los recursos naturales en zonas cordilleranas.
Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio, el Gobierno ha inyectado más de 166 millones de dólares en desarrollo productivo y tecnológico; sin embargo, la investigación en temas sociales y ambientales ligadas al litio apenas ha recibido 5 millones.
El cambio central radica en otorgar a las provincias la facultad de informar sobre glaciares no inventariados, solicitar su exclusión del registro y determinar cuándo una masa de hielo no cumple funciones hídricas.
Si las autoridades competentes concluyen que un glaciar carece de función hídrica, dejará de estar protegido por la ley específica y quedará sujeto únicamente a la Ley General del Ambiente. Además, la propuesta redefine las actividades prohibidas: elimina la restricción expresa en el ambiente periglacial y establece que solo quedarán vedadas aquellas que alteren “de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas. Las provincias podrán autorizar intervenciones mineras o hidrocarburíferas mediante evaluaciones ambientales propias, suprimiendo la prohibición explícita que hasta ahora regía para estos sectores tanto en glaciares como en áreas periglaciares.
Nicolás Mayoraz, diputado del partido oficialista La Libertad Avanza, reiteró que la modificación busca únicamente aclarar conceptos y no altera la intención de proteger los glaciares. Afirmó que, con la aprobación del proyecto, “se demuestra que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”.
Los argumentos fueron rechazados por la oposición, que sostiene que la reforma responde a intereses de la industria minera y pone en riesgo la disponibilidad y seguridad de recursos estratégicos para la población argentina.
Sabrina Selva, diputada de Fuerza Patria, afirmó que “esta ley es inconstitucional y regresiva, y va a traer conflictos interjurisdiccionales”. La postura fue respaldada por la diputada de Provincias Unidas, María Inés Zigarán, quien advirtió que “no se están protegiendo las autonomías provinciales, sino que se deja a las provincias solas con el costo de decidir si un glaciar o un ambiente periglacial se preserva o no”.
Acciones en contra de la reforma
La reforma a la Ley de Glaciares fue avalada por el Senado en febrero. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la medida quedó formalmente convertida en ley. El hecho ha generado diversas reacciones que buscan, por la vía judicial, frenar su aplicación.
Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, anunció que presentará un amparo ambiental colectivo contra las modificaciones. La acción, respaldada por la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, fue interpuesta ante el Juzgado Federal de Santa Rosa.
De acuerdo con la querella, la reforma constituye un supuesto claro de regresividad ambiental, prohibido por el Acuerdo de Escazú y la Constitución Nacional. Los demandantes sostienen, además, que desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo ambiental y vulnera el derecho al agua y a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.
