A juicio de la relatora espacial, las amenazas van en aumento, alimentadas por una economía de extracción de combustibles fósiles, de biodiversidad, de agua, abusos que afectan cada vez más a pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Para Puentes Riaño, el uso de los tribunales es el mecanismo más pacífico para proteger los territorios: un derecho reconocido internacionalmente que garantiza el acceso a la justicia y al debido proceso, ambos elementos esenciales del derecho a un ambiente sano, junto con el acceso a la información y la participación ciudadana. Sin embargo, las acciones legales resultan insuficientes en sociedades con altas tasas de desigualdad, como las de América Latina.
«Los pueblos hacen acciones judiciales acompañadas de incidencia, de comunicación, de un proceso de solidaridad, porque desafortunadamente en nuestros países la desigualdad es tan grande que se necesitan herramientas adicionales», señaló Puentes Riaño.
Y los tiempos son largos. A nivel país, un proceso puede llevar años. El caso de Hopelchén duró cuatro y aún no acaba; en tanto, transitar al ámbito internacional puede tomar décadas. Astrid Puentes Riaño estuvo involucrada en el caso de La Oroya, comunidad peruana devastada por décadas de contaminación metalúrgica, el cual tardó 20 años en llegar a sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y que hoy, dos años después del fallo, sigue sin cumplirse a cabalidad. El horizonte no es, en ningún caso, inmediato.
Existen múltiples desafíos en la defensa del medioambiente en la región, pero dos abordados por la especialista de la ONU son sistémicos. Uno es el involucramiento del propio Estado en las afectaciones, como son los casos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico en México; y dos, la permanente impunidad, que expone a los defensores, abogadas, abogados y periodistas a sufrir ataques sin consecuencias para el perpetrador. En 2025, 10 personas defensoras ambientales fueron asesinadas, informó un reporte del Cemda.
«Hay un cierre de los espacios de sociedad civil, un cierre de los espacios de rendición de cuentas», resumió.
Un estudio identificó que los Cinco Grandes Bosques de Mesoamérica albergan entre una décima parte y casi la mitad de las poblaciones de 40 especies de aves migratorias. La conservación de estos bosques es crucial para evitar que estas especies desaparezcan y las primaveras de EE UU se tornen silenciosas.
La falta de precedentes judiciales
Gabriela Carreón Lee, coordinadora de Terravida, una organización que acompaña a comunidades en defensa del territorio en México, compartió algunos de esos casos que se libran en juzgados federales en México.
El primero se desarrolla en torno al río La Antigua, en Veracruz. Afectado durante años por descargas de aguas residuales sin tratamiento provenientes de municipios de su cuenca, el caso incorpora un argumento poco habitual en los tribunales mexicanos: los derechos de la naturaleza.
El juicio aún no tiene sentencia definitiva, pero produjo una resolución intermedia, relevante porque obliga a los municipios de la cuenca a iniciar el saneamiento del río. Aunque es un logro parcial, la estrategia empleada puede replicarse por otras comunidades que padecen ríos contaminados.
El segundo caso se desarrolla en Xochitepec, en el estado de Morelos, donde una concesión minera amenaza territorio habitado por comunidades indígenas. Aquí Terravida presentó el argumento del racismo ambiental, también inusual en los tribunales nacionales. Esto se refiere a la concentración desproporcionada de proyectos extractivos y sus daños en comunidades indígenas y afrodescendientes.
