Sobre la explotación de carbón en Zulia, el informe recuerda que en 2023 el gobierno de Nicolás Maduro impulsó un plan para la recuperación de la producción de carbón y desde 2024 se registró su incremento de la misma. En 2025, se dio un crecimiento estimado entre dos y tres millones de toneladas anuales, fundamentalmente de la mina Paso Diablo, de la mano de capitales turcos y chinos, y para este año se espera reanudar la producción en la Mina Norte. El reporte de Provea indica que la meta sería alcanzar los 14 millones de toneladas en el futuro próximo.
La contaminación que produce esta actividad incluye la dispersión de componentes como sulfato, plomo, cadmio, cianuro y mercurio, provenientes de los desechos mineros. La diseminación del polvillo de carbón contribuye al incremento de enfermedades respiratorias. Además, ingresa a las casas y el agua, se pega a la ropa y daña cultivos.
El informe también señala que en la Amazonía venezolana, donde se combina la minería ilegal y la legal, los impactos son multidimensionales: deforestación masiva, contaminación con mercurio, destrucción de suelos, pérdida de biodiversidad, sobreexplotación laboral (incluyendo la infantil y de mujeres), incremento de la prostitución, asesinatos, desplazamiento de comunidades indígenas y destrucción del tejido social, entre otros.
“En el caso de la minería en la Amazonía, el avance hacia nuevas fronteras es un problema sumamente grave que se ve reflejado en los análisis satelitales”, dice Teran-Mantovani, autor de este capítulo del informe. “En el río Caura hay nuevos puntos que no aparecían el año pasado, hay más balsas en el río Caroní, avanza en el Parque Nacional Yapacana, y en toda la Amazonía hay nuevos puntos mineros”, agrega.
Un minero venezolano trabaja excavando en una mina para extraer oro, que luego será vendido en El Callao, estado Bolívar.MAGDA GIBELLI/AFP via Getty Images
Deforestación y degradación de áreas protegidas
En cuanto a la producción de carbón vegetal en el estado de Lara, se trata de una actividad basada en la deforestación masiva de especies de árboles como la vera, el curarí y el cují, entre otros, de las que se generan piezas de madera que son quemadas en hornos artesanales para su conversión en carbón vegetal.
La degradación de las áreas protegidas es otro de los temas críticos que impactan en el medioambiente. “La instalación de proyectos turísticos o de infraestructuras que violan sus normativas, el avance de la frontera agrícola, la apropiación ilícita de biodiversidad, la expansión de la minería ilegal y los derrames petroleros, entre otros” son impactos que ha venido documentando el Observatorio de Ecología Política en las áreas protegidas, señala el informe. Las áreas protegidas también tienen déficit de personal, carencia de equipamiento, presupuestos deficientes y malos salarios.
El cambio climático en Venezuela: un país en zona roja
Un último tema que aborda el informe es la vulnerabilidad de Venezuela frente al cambio climático, considerado entre los ocho países ubicados en la Zona Roja Climática en América Latina por sus altos niveles de vulnerabilidad y escasos recursos para enfrentar el problema.
Según la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman), el país enfrentará una seria alteración de los patrones estacionales, con mayores sequías —que afectarán principalmente las zonas semiáridas— e inundaciones —que impactan a poblaciones ubicadas en áreas montañosas—. Además, anticipa crecimiento del nivel del mar que pondrá en peligro asentamientos costeros; pérdida de biodiversidad; olas de calor; mayor incidencia de enfermedades. A este escenario se agrega la vulneración de los sistemas agrícolas y la seguridad alimentaria, y la afectación a la generación hidroeléctrica, entre otras consecuencias.
Sobre este aspecto, Teran-Mantovani señala que se trata de un tema al que las personas no le dan la importancia que realmente tiene, pues no perciben su vinculación “con la seguridad alimentaria ni con los ciclos de producción agrícola”, solo para citar algunos ejemplos. “Los meses centrales del año son momentos bastante críticos para el país, con crecidas de ríos, inundaciones, sequías. Eso tiene un impacto y el país no tiene una política seria ante esto. Ahí hay un vacío”, comenta Teran-Mantovani.
El reporte también da una serie de recomendaciones para atender estos problemas como derogar el decreto que establece la creación del Arco Minero del Orinoco. También recomienda recuperar y fortalecer la gestión ambiental de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); aumentar el apoyo financiero y establecer un nuevo plan de gestión para las áreas protegidas.
La organización considera que se debe declarar la emergencia climática en el país y recuperar las cuencas hidrográficas que incluya iniciativas masivas y extendidas de reforestación. “Hay cuestiones que deben ser consideradas prioritarias, como el agua”, dice Teran-Mantovani, “porque sin agua no puedes vivir, pero Venezuela, sin petróleo, sí puede vivir”.
Artículo publicado originalmente en Mongabay LATAM.
