Josefina Reynoso solicita revisar el uso de recursos destinados al proceso entre 2021 y 2026
Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo solicitó este lunes a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial al Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y a todos los recursos públicos destinados a la reforma policial entre 2021 y 2026, con el propósito de determinar el uso de los fondos y los resultados alcanzados durante ese proceso.
La petición fue presentada por la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización política, Josefina Reynoso, quien argumentó que el órgano fiscalizador está facultado para ordenar este tipo de evaluaciones conforme al artículo 10 de la Ley 10-04 que rige la Cámara de Cuentas.
La dirigente opositora sostuvo que la solicitud coincide con la presentación de un nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno como parte de la reforma policial, pero consideró que antes de iniciar una nueva etapa es necesario rendir cuentas sobre los recursos ya ejecutados.
Reynoso afirmó que, desde 2021, el Gobierno ha anunciado inversiones, programas y acciones dirigidas a transformar la Policía Nacional. Sin embargo, aseguró que persisten cuestionamientos sobre el impacto de esas medidas frente a la percepción de inseguridad y los hechos de violencia registrados en el país.
En ese contexto, planteó que una auditoría permitiría establecer el monto total invertido durante el período 2021-2026, los recursos administrados mediante el fideicomiso, el destino de esos fondos, el nivel de ejecución de los proyectos financiados y el grado de cumplimiento de los objetivos trazados.
Asimismo, indicó que también debería evaluarse si existe correspondencia entre la inversión realizada y los resultados obtenidos en el proceso de transformación institucional.
La representante de la Fuerza del Pueblo recordó que, al inicio de la reforma policial, sus propios coordinadores plantearon la necesidad de realizar auditorías y evaluaciones independientes para garantizar la transparencia del proceso, criterio que, a su juicio, debe mantenerse.
“Si el Gobierno sostiene que durante seis años desarrolla una reforma policial efectiva, también tiene el deber de rendir cuentas sobre ella. Antes de pedirle al país que crea en una nueva etapa, debe explicar qué hizo con los recursos que ya recibió, cuánto invirtió, qué metas cumplió y por qué la ciudadanía todavía no percibe una transformación proporcional a la magnitud de la inversión realizada”, expresó Reynoso.
La dirigente política sostuvo que la solicitud constituye un mecanismo de fiscalización democrática y reiteró que los recursos destinados a la reforma policial pertenecen a la ciudadanía, por lo que su administración debe estar sujeta a transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, afirmó que fortalecer las instituciones requiere garantizar el acceso a la información sobre el uso de los fondos públicos y evaluar de manera objetiva los resultados alcanzados por las políticas implementadas.
