La AIRD alerta sobre riesgos para empresas y solicita aclarar ocho artículos
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) solicitó formalmente la revisión urgente de ocho artículos de la recién promulgada Ley No. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, alertando que la redacción actual sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas genera una preocupante incertidumbre que afecta la seguridad jurídica de las empresas.
El gremio industrial considera que el actual proceso de modificación que lleva a cabo el Congreso Nacional es la oportunidad idónea para realizar precisiones técnicas necesarias que garanticen el debido proceso sin debilitar la persecución penal.
Artículos bajo la lupa industrial
Específicamente, la AIRD ha identificado que los artículos del 8 al 13, así como el 150 y 151 del nuevo texto legal, requieren una redacción más clara y precisa.
A juicio de la organización, es fundamental evitar interpretaciones ambiguas que puedan lesionar principios constitucionales de legalidad y afectar el clima de inversión y el desarrollo de la actividad productiva nacional.
El sector industrial dejó claro que las modificaciones que finalmente aprueben los legisladores deben contribuir a fortalecer un marco legal predecible, elemento esencial para mantener la competitividad y fomentar la inversión en la República Dominicana.
Respaldo a la modernización con garantías
Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, enfatizó el respaldo del gremio a contar con un Código Penal moderno y actualizado. «Precisamente por eso consideramos importante que este proceso de modificación permita corregir las disposiciones que, en su redacción actual, pueden dar lugar a interpretaciones que afecten la seguridad jurídica de las empresas», declaró el ejecutivo.
Actualmente, una comisión bicameral del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Wandy Batista y la senadora María Mercedes Ortiz, estudia las modificaciones a la ley. Esta comisión tiene previsto rendir su informe definitivo antes del cierre de la presente legislatura ordinaria, pautado para el próximo 26 de julio, fecha límite para que las observaciones del sector industrial sean ponderadas en el texto final.
