Un fallo decisivo para el futuro político de España.
Este jueves 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a conocer su esperada sentencia sobre la ley de amnistía española y la ratificó al considerar que no es contraria al derecho europeo. Entre los argumentos a favor de la ley impulsada por el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, la corte consideró que «tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación».
Al analizar la cuestión de malversación –Puigdemont y miembros de su entonces gobierno fueron acusados de haber usado más de 1,5 millones de euros de fondos públicos para organizar el referendo de 2017–el tribunal con sede en Luxemburgo señaló que no va en contra de los intereses financieros del bloque comunitario.
«No puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional», describió la sentencia.
Por otra parte, sobre la cuestión de los delitos de terrorismo– acusaciones asociadas a las manifestaciones organizadas posteriormente en 2019 –el TJUE determinó que la ley de amnistía es plenamente compatible con el derecho de la UE en materia antiterrorista.
“La ley española de amnistía no menoscaba el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo (…) puesto que se limita a establecer con posterioridad que no serán perseguidos los delitos terroristas cometidos exclusivamente en el contexto específico del movimiento independentista catalán, a excepción de los que hayan causado intencionalmente graves violaciones de los derechos humanos”, explicaron los jueces.
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¿Qué implica la ley de amnistía en España?
El Congreso español aprobó en 2024 la ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente con relación al ‘procés’. Es decir, todo el proceso que intentó la independencia de Cataluña y que comprende desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023, incluida la realización del referendo de secesión, no autorizado por Madrid, el cual tuvo lugar el 1 de octubre de 2017.
El referendo, así como la declaración unilateral de independencia de Cataluña que lo siguió, habían sido anulados por el Tribunal Constitucional español y sus organizadores habían sido perseguidos por delitos de sedición, rebelión, malversación y desobediencia.
Nueve líderes independentistas catalanes, incluido Oriol Junqueras, habían sido condenados a prisión en 2019, mientras que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica, donde sigue residiendo.
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La Ley de Amnistía, impulsada por el actual Gobierno nacional y los independentistas catalanes – una alianza que permitió a Pedro Sánchez obtener el respaldo necesario en el Congreso para un segundo mandato– benefició a cientos de personas.
Sin embargo, los tribunales españoles se negaron a aplicarla para los casos más importantes como el de Puigdemont. En otros casos, como el de Oriol Junqueras, aunque el líder independentista pudo salir de la cárcel en 2021 gracias a un indulto del Gobierno, aún sufre de inhabilitación y no se puede presentar a cargos públicos.
Los tribunales españoles acudieron a la Justicia europea, acusando a los líderes independentistas de violar el derecho europeo, en un intento de impedir la aplicación de esa ley.
Pero la respuesta conocida este 16 de julio marca un giro en la respuesta que esperaban esas cortes.
¿Cómo puede influir el fallo europeo en el futuro de Puigdemont y otros líderes independentistas?
El ministro de Justicia español, Felix Bolaños, pidió sin más espera la aplicación de la normativa. «El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley (…) Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista”, subrayó este jueves en una rueda de prensa.
Carles Puigdemont, así como otros líderes exiliados, aún enfrenta una orden de captura nacional por parte de Tribunal Supremo de España. Si bien el exdirigente de la Generalitat ha celebrado la decisión del TJUE, también se ha mostrado cauteloso y no ha hablado de un posible regreso a España. Eso sí, advirtió al Tribunal Supremo y al Constitucional de su país que no apicar la amnistía, tras este fallo, va en contra del derecho europeo.
“Si siguen negándose a aplicar la amnistía en su totalidad, no solo estarán infringiendo una ley aprobada por el Parlamento y declarada constitucional, sino que también estarán enfrentándose al derecho europeo. El TJUE no podría haber sido más claro y no ha dejado ninguna laguna jurídica a través de la cual se pueda impugnar nuestra victoria”, remarcó Puigdemont en un mensaje difundido en su cuenta de la plataforma X.
Asimismo, una de las mayores figuras del independentismo catalán advirtió que su lucha no ha terminado.
“El camino para poner fin a la represión aún no ha terminado. Sabemos a quién nos enfrentamos, y algunos no se dejarán engañar. Sin duda, contamos con muchas más herramientas que respaldan nuestra postura y que nos serán útiles en el futuro. Pero el partido ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu, con árbitros y público que se inclinan hacia un solo lado”, añadió.
Por su parte, el Partido Popular, uno de los más fervientes opositores de la amnistía, respondió que respeta el fallo del tribunal europeo, pero insiste en rechazar esa ley.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, sostuvo en Madrid este jueves que el fallo tiene un alcance que se limita a resolver “únicamente las dudas concretas planteadas por los tribunales españoles”.
“Seguiremos defendiendo la igualdad ante la ley, la unidad de España y la tolerancia cero contra todo tipo de corrupción política, moral e institucional”, insistió Tellado.
Ahora, está previsto que el Tribunal Constitucional de España resuelva el caso antes de terminar el año.
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Con EFE y medios locales
