SANTO DOMINGO. – El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, criticó la intención de la mayoría oficialista en el Congreso Nacional de conocer en tiempo récord un informe sobre modificaciones al Código Penal, pese a que, según afirmó, dispuso de casi un año para analizar la legislación de manera profunda.
El también miembro del Comité Político del PLD sostuvo que resulta contradictorio intentar introducir cambios apresurados a una norma de gran impacto jurídico y social luego de haber transcurrido once meses de la vacatio legis sin una revisión integral.
“Esa mayoría oficialista en el Congreso tuvo un año para revisar el Código Penal. Dejó pasar once meses de la vacatio legis y hoy pretende conocer un informe para modificar, en cuestión de días, algunas de las disposiciones cuestionadas”, expresó Dantés Díaz a través de una publicación en la red social X.
El dirigente peledeísta consideró que una legislación de esta magnitud requiere un proceso amplio de evaluación, consultas y debates que garanticen seguridad jurídica y fortalezcan la confianza de la ciudadanía en el sistema legal.
“Así no se legisla. La seguridad jurídica exige estudio, análisis, consulta y deliberación”, afirmó.
Sus declaraciones se producen en momentos en que el Pleno de la Cámara de Diputados fue convocado para conocer el informe elaborado por la comisión encargada de estudiar las modificaciones planteadas al Código Penal.
Ante este escenario, Dantés Díaz defendió la necesidad de postergar la entrada en vigor de la normativa para permitir una revisión más exhaustiva de su contenido y evitar decisiones apresuradas.
“La decisión más responsable es extender la vacatio legis para realizar una revisión integral, seria y ponderada de un Código Penal que contribuya eficazmente al combate de la criminalidad, proteja a la sociedad, garantice los derechos fundamentales y fortalezca el Estado de Derecho”, manifestó.
El jurista insistió en que cualquier reforma al Código Penal debe realizarse bajo criterios de consenso, análisis técnico y diálogo institucional, debido a las implicaciones que tendrá para el sistema de justicia y la protección de los derechos ciudadanos.
