Qué o quiénes estuvieron detrás de la inédita avalancha de inmigrantes a Ceuta se mantiene como el mayor interrogante que sacude a España y el resto de la Unión Europea.
La tragedia ya deja alrededor de 88 personas muertas y en la ciudad permanecen entre 3.000 y 5.000 personas de entre las más de 70.000 que cruzaron el pasado jueves a nado, según cifras de las autoridades locales.
1-La Audiencia Nacional pide a la Policía un informe para la investigación
El tribunal centralizado ha dado el primer paso para esclarecer qué causó la entrada masiva de miles de personas en Ceuta–más de 70.000, según las autoridades de la ciudad autónoma– los pasados 30 y 31 de julio. La jueza María Tardón abrió este lunes 3 de agosto diligencias previas tras una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa y solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) un informe que determine si la llegada de migrantes respondió a una acción concertada o dirigida por alguna organización criminal.
La magistrada también requirió que la Policía identifique, en caso de existir indicios, a las personas u organizaciones que hubieran participado en la planificación o coordinación de los cruces. La pesquisa se abre por posibles delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, organización criminal y otros ilícitos, aunque la Audiencia todavía debe resolver si es competente para instruir el caso.
La decisión judicial pone bajo escrutinio la principal explicación sostenida hasta ahora por Madrid y Rabat. Ambos gobiernos coinciden en que las redes de tráfico de personas aprovecharon una sentencia del Tribunal Supremo español del pasado 8 de julio para difundir un mensaje engañoso a través de redes sociales.
El fallo del Supremo estableció entonces que los migrantes que llegan a Ceuta o Melilla por vía marítima no pueden ser objeto de devoluciones inmediatas o «en caliente», ya que ese procedimiento solo es aplicable a quienes cruzan la frontera terrestre mediante las vallas. Sin embargo, la resolución no impide las devoluciones, sino que obliga a tramitar cada caso mediante el procedimiento ordinario, con garantías jurídicas e individualización.
Según el Gobierno español, las mafias distorsionaron ese contenido jurídico y propagaron la idea de que bastaba con alcanzar Ceuta a nado para permanecer en España, generando un potente efecto llamada que habría desencadenado la avalancha.
Según el Gobierno nacional, la mayor parte de los migrantes que cruzaron la semana pasada de manera irregular ya han regresado a Marruecos y la ciudad recupera la normalidad. Sin embargo, las autoridades ceutíes, por el contrario, señalan que la situación aún está lejos de ser solucionada. El vicepresidente primero de Ceuta, Alejandro Ramírez, afirmó este lunes 3 de agosto que aún permanecen entre 3.000 y 5.000 personas que cruzaron a nado, quienes se encuentran divagando por las calles, incluidos menores.
“No es una crisis migratoria cualquiera, como el presidente (Pedro Sánchez) lo dijo, ha habido una violación a la integridad territorial. Ceuta no está segura ahora, sigue habiendo mucho miedo (…) La gente no se atreve a hacer vida normal, por eso pedimos al Gobierno medidas contundentes, todos los que entraron a Ceuta de manera irregular la semana pasada deben volver por el mismo mecanismo”, subrayó.
Mientras las autoridades intentan llegar a la raíz de un hecho con una magnitud sin precedentes, el Centro Temporal de Estancia de Inmigrantes (CETI) se encuentra desbordado y miles de migrantes habitan en las calles.
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2. ¿Mafias o estrategia de Marruecos?
La apertura de diligencias también reaviva una pregunta que trasciende el ámbito judicial: si la crisis fue únicamente consecuencia de la actuación de las mafias o si existió algún grado de permisividad o estrategia política por parte de Marruecos.
Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha acusado oficialmente a Rabat de haber utilizado la presión migratoria como instrumento diplomático. España ha insistido en mantener el mensaje de cooperación con el Ejecutivo marroquí, mientras Rabat sostiene que actuó desde el primer momento reforzando la vigilancia y atribuye la crisis a la desinformación digital y a las redes de trata de personas.
Sin embargo, varios videos conocidos en los últimos días mostrarían la permisividad por parte de las autoridades marroquíes y la magnitud de personas que cruzaron en una frontera usualmente vigilada-casi el total de la población de Ceuta–mantienen a Marruecos bajo la lupa, especialmente porque existen antecedentes en esa dirección.
La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional sostiene que la magnitud y la simultaneidad de los cruces difícilmente pueden considerarse un fenómeno espontáneo. La organización denunciante plantea que la aparente relajación de los controles en las costas marroquíes pudo facilitar la salida masiva de personas hacia territorio español.
Las sospechas también se alimentan del precedente de mayo de 2021, cuando Marruecos permitió la entrada irregular de miles de personas a Ceuta en medio de una grave crisis diplomática con España por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. A diferencia de aquel episodio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado establecer paralelismos y mantiene que la prioridad es preservar la cooperación con un socio clave para el control migratorio, la lucha antiterrorista y la seguridad de la frontera sur de la Unión Europea.
La investigación judicial será determinante para establecer si existen pruebas que vayan más allá de la actuación de las mafias o si la explicación oficial resulta suficiente para explicar una movilización de semejante magnitud.
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3. ¿El Gobierno estaba advertido o no?: choque entre Interior y Defensa por alertas previas
Con el paso de los días, la crisis también ha dejado al descubierto no solo diferencias dentro del propio Gobierno español sobre si existieron advertencias previas acerca de lo que podía ocurrir en Ceuta, sino interrogantes sobre si Madrid tomó o no las medidas necesarias para evitar la crisis.
El Ministerio del Interior sostiene que nunca recibió informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que alertaran de una llegada masiva de migrantes. Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska afirman que únicamente se había detectado un incremento progresivo de las entradas a nado desde mediados de julio, coincidiendo con la sentencia del Tribunal Supremo, pero niegan que existiera información sobre una operación de la magnitud registrada.
La versión contrasta con la defendida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró que los servicios de inteligencia «hicieron su trabajo» y defendió públicamente la labor del CNI, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de Policía y Guardia Civil.
Robles fue además el primer miembro del Ejecutivo en señalar directamente a Marruecos al reclamar que investigue «hasta el final» lo sucedido. La ministra sostuvo que «quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido, tendrá que asumir responsabilidades», una declaración que introduce por primera vez la posibilidad de que existieran responsabilidades más allá de las organizaciones criminales.
Mientras tanto, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, trató de cerrar la controversia asegurando que ningún informe alertó de la magnitud real de la crisis que finalmente tuvo que afrontar el Ejecutivo.
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4. La UE convoca una reunión de emergencia para responder a la crisis
La dimensión de la crisis ha llevado el debate al ámbito europeo. Los ministros del Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea celebrarán este martes 4 de agosto una reunión extraordinaria por videoconferencia para analizar la situación en Ceuta y coordinar una respuesta común.
El encuentro fue solicitado por un grupo de 22 países que reclamó una actuación urgente para reforzar las fronteras exteriores de la Unión y evitar nuevos episodios de entradas masivas irregulares. Aunque no se prevé la adopción de decisiones formales, la reunión servirá para evaluar el apoyo que Bruselas puede ofrecer a España y debatir nuevas medidas de control fronterizo.
La convocatoria llega en un contexto de creciente preocupación entre varios gobiernos europeos por la posibilidad de que la migración sea utilizada como instrumento de presión política. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a España y Marruecos por la gestión inicial de la emergencia, al tiempo que reiteró que la Unión Europea no puede aceptar la instrumentalización de la migración para presionar a un Estado miembro.
Mientras Bruselas debate la respuesta comunitaria y la Audiencia Nacional trata de esclarecer el origen de la crisis, la principal incógnita sigue abierta: si la tragedia fue únicamente consecuencia de la acción de las mafias y la desinformación o si existieron otros factores políticos y estratégicos detrás de uno de los mayores episodios migratorios registrados en la frontera sur europea.
Aunque el tema ha causado algunas fricciones dentro de la Unión Europea, luego de que Italia empezara a implementar controles de seguridad a viajeros de España tras anunciar la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación de la Unión Europea con Madrid–medida apoyada por Finaldndia, Suecia y Dinamarca–la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen intenta bajar las tensiones.
En las últimas horas, la jefa del Ejecutivo de la UE elogió la actuación de España ante la crisis, señaló que el bloque de 27 países podría brindar mayor apoyo fronterizo a Marruecos y señaló a algunos países de aprovechar la crisis migratoria de Ceuta para atacar gobiernos.
Con Reuters y medios locales
