Los residentes del enclave español de Ceuta, en el norte de África, salieron a las calles este miércoles 2 de septiembre para protestar por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria luego de que al menos 72.000 personas cruzaran desde Marruecos a finales de julio.
Casi cinco semanas después, al menos 5.000, incluidos menores no acompañados, permanecen varados en campamentos improvisados o dispersos por las calles y playas del enclave, según las autoridades de Ceuta .
Miles de personas marcharon por las calles de la ciudad, de unos 80.000 habitantes, en una protesta que coincidió con el Día de Ceuta . Ondeando banderas españolas y haciendo sonar silbatos, coreaban: «Ceuta no está en venta, ¡Ceuta debe ser defendida!».
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Los participantes, entre los que se encontraban vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portaban numerosas banderas de Ceuta y de España, que llenaron las calles en una jornada en la que la ciudad reclama respaldo ante la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.
La convocatoria de este miércoles 2 de septiembre, la más multitudinaria de su historia reciente, buscaba enviar un mensaje en defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa.
Una pancarta decía: «SOS. Europa , sálvanos de nuestro gobierno traidor», mientras que algunos exigían que las autoridades «expulsaran a los invasores» y otros pedían la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se produjeron manifestaciones en otras ciudades de España, como Madrid, Barcelona y Bilbao.
Ceuta vive una grave crisis de seguridad y socioeconómica luego de que miles de personas cruzaran a ese territorio español. Aunque la mayoría regresaron a Marruecos, unas 5.000, entre inmigrantes magrebíes y subsaharianos, permanecen aún en la localidad, según los datos del Gobierno español.
Su presencia ha provocado protestas casi diarias por parte de los residentes locales contra la gestión de la crisis por parte del gobierno español, y los manifestantes exigen que los migrantes sean devueltos a sus países de origen o redistribuidos por toda España.
«La respuesta ha sido inadecuada, tardía y, para colmo, ha supuesto un total incumplimiento del deber por parte del gobierno. No podemos ser ciudadanos de segunda clase, y nuestra frontera no debe quedar relegada a un segundo plano», declaró David Hernández, un profesor de 45 años.
Previamente, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, presidió en esta ciudad autónoma el acto institucional por el Día de Ceuta, al que asistieron dos ministros de Gobierno.
Vivas alegó que Ceuta «está en peligro, pero sigue en pie», tras lo cual pidió medidas para volver «cuanto antes» a la normalidad con la expulsión de todos los que entraron ilegalmente en la ciudad y que aún permanecen allí.
Voces de derecha encabezan la manifestación
Las protestas que tuvieron lugar el miércoles en toda España fueron convocadas por la FEMP, la federación de municipios dominada por el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), de tendencia conservadora.
En Madrid, los líderes del principal partido de la oposición (el conservador PP) y los del ultraderechista VOX se sumaron a la movilización y los manifestantes reclamaron a gritos la renuncia de Pedro Sánchez.
De su lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), defendió la soberanía española de Ceuta y la integridad territorial de España.
«Cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás», sostuvo.
Entre una multitud de banderas de España, Almeida reclamó una respuesta del Estado y de la Unión Europea y pidió el regreso «efectivo» de todos aquellos que entraron de manera irregular a Ceuta.
«Ceuta somos todos», ha clamado el alcalde madrileño antes de concluir con un «Viva Ceuta, viva España».
En Barcelona, dos concentraciones de signo contrario se cruzaron en el centro de la ciudad, separadas por un amplio dispositivo policial.
El gobierno de izquierdas español se distanció de la iniciativa, acusando a la derecha de explotar la crisis para obtener rédito político.
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«No se trata de defender a Ceuta y a sus habitantes , sino de atacar al gobierno», declaró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la emisora de radio RNE.
Polémica por informe policial
El debate político estuvo centrado en un informe aportado por la Policía española a la jueza de la Audiencia Nacional que está al frente de las diligencias preliminares sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Este informe describe lo ocurrido en esta ciudad los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas «planificada», en ningún caso «espontánea», y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.
El documento deja claro que la finalidad de la entrada de decenas de miles de personas no era migratoria, como demuestra que solo el 10% haya intentado quedarse.
Por ello, la oposición y parte de la izquierda pidieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pidió a Pedro Sánchez que convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para pedirle explicaciones; y que llame a consultas al español en el país vecino, Enrique Ojeda.
Un manifiesto de la iniciativa ciudadana «Por Ceuta», que exige el respeto de los Derechos Humanos de residentes y migrantes, el retorno ordenado de quienes no tienen derecho a permanecer en el país y un mayor refuerzo de la seguridad, ha reunido cerca de 65.000 firmas. La iniciativa afirma no tener afiliación política.
Colectivos y sindicatos de izquierda organizaron contramanifestaciones en varias ciudades, incluida Madrid, para condenar las «persecuciones y ataques racistas e islamófobos» contra los migrantes en Ceuta desde la llegada masiva de inmigrantes.
Las negociaciones entre los gobiernos locales y central sobre cómo gestionar la crisis están estancadas, y el PP, que gobierna la mayoría de las regiones, algunas en coalición con el partido de extrema derecha Vox, pide la deportación de todos los que permanecen en el país, incluidos los menores.
Con EFE y Reuters
