Una orden judicial contra las imágenes de los operativos. El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al presidente De la Espriella y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ocultar temporalmente varias publicaciones difundidas desde las cuentas oficiales de la Presidencia.
La medida se refiere a contenidos publicados los días 2 y 4 de septiembre en Instagram y vinculados a dos operaciones de las fuerzas de seguridad colombianas contra grupos armados.
El tribunal adoptó la decisión como medida cautelar dentro de una acción de tutela, un mecanismo judicial destinado a proteger derechos fundamentales.
La acción fue presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien cuestionó la publicación de las imágenes por considerar que podían afectar derechos fundamentales, particularmente los de los menores de edad.
El juzgado no ha establecido todavía que las publicaciones sean ilegales ni ha resuelto de fondo la tutela. Su decisión busca mantenerlas fuera de las redes oficiales mientras analiza si el material puede ser considerado violento o explícito y si su difusión supone una vulneración de derechos.
El presidente, entre decenas de cadáveres
Una de las publicaciones objeto de la orden judicial fue difundida el 2 de septiembre y estaba relacionada con la operación Azarías, desarrollada en el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare.
En las imágenes, De la Espriella aparece caminando entre bolsas blancas que contienen los cuerpos de al menos 23 personas abatidas durante operaciones de las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC.
Dos días después, el 4 de septiembre, la Presidencia publicó otro contenido relacionado con la operación Centinela de la Patria, en Riohacha, capital del departamento de La Guajira.
En esa ocasión, el mandatario apareció ante los medios junto a cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas. Entre los fallecidos estaba Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).
La difusión de estas imágenes convirtió la exhibición de los cadáveres en parte de la comunicación pública de las operaciones de seguridad del Gobierno y abrió un debate sobre los límites de la propaganda oficial, el tratamiento de las víctimas y la exposición de contenidos violentos en las redes institucionales.
Una medida cautelar, no una sentencia
La naturaleza de la decisión es fundamental. El juez no ha ordenado una eliminación definitiva de los contenidos ni ha declarado que el presidente haya cometido una infracción. Ha dispuesto su ocultamiento temporal mientras se estudia el fondo de la acción de tutela.
La Presidencia y De la Espriella tienen dos días para ejercer su derecho de defensa. Después, el tribunal deberá pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en el proceso.
En otras palabras, la decisión conocida el miércoles 9 de septiembre constituye una medida provisional destinada a evitar que las publicaciones continúen accesibles mientras se determina si su contenido vulnera derechos fundamentales.
El proceso también ha involucrado a Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La Defensoría ya había cuestionado la exhibición
La resolución judicial llega después de críticas públicas de la Defensoría del Pueblo por la decisión de mostrar los cuerpos.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”
Su titular, Iris Marín, pidió al Gobierno que no convierta la exhibición de la muerte en una herramienta de confrontación con los grupos armados.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, afirmó Marín. A su juicio, las autoridades no deben competir con las organizaciones armadas por demostrar “quién produce más miedo” o “quién humilla más al adversario”.
La intervención de la Defensoría introdujo una dimensión adicional al debate: más allá de la legitimidad de las operaciones militares, la discusión gira ahora en torno a cómo comunica el Estado el resultado de esas operaciones y qué límites debe tener la exhibición pública de los cuerpos de personas fallecidas.
Seguridad y propaganda, en el centro del debate
La controversia se produce en un momento en el que el Gobierno de De la Espriella ha situado la ofensiva contra las organizaciones armadas y criminales entre sus principales prioridades.
Las imágenes difundidas por el Ejecutivo buscan transmitir el resultado de las operaciones de las fuerzas de seguridad y proyectar una imagen de firmeza frente a las estructuras armadas.
Pero precisamente ese uso político y comunicativo de los resultados militares es el que ha generado las críticas.
El debate no cuestiona únicamente las operaciones en las que murieron los presuntos integrantes de estos grupos. También plantea hasta dónde puede llegar un Gobierno al utilizar imágenes de cadáveres como evidencia pública de sus éxitos contra organizaciones armadas.
La decisión del juez introduce ahora un límite provisional a esa estrategia comunicativa.
¿Qué ocurrirá ahora?
Por el momento, las publicaciones deberán permanecer ocultas mientras avanza el proceso judicial.
El siguiente paso será que De la Espriella y la Presidencia presenten sus argumentos dentro del plazo establecido. El juzgado deberá entonces resolver la tutela y determinar si existió una vulneración de derechos fundamentales y qué consecuencias jurídicas, si las hubiera, corresponden.
Hasta que llegue esa decisión, no puede afirmarse que un tribunal haya declarado ilegales las imágenes ni que haya ordenado su eliminación definitiva.
Lo que sí ha ocurrido es que un juez ha considerado necesario impedir temporalmente su difusión desde las cuentas oficiales de la Presidencia mientras examina si la exposición de los cadáveres, y particularmente su acceso potencial por parte de menores, puede vulnerar derechos protegidos por la Constitución colombiana.
La disputa, por tanto, apenas comienza: entre la reivindicación gubernamental de sus operaciones militares y la obligación del Estado de preservar determinados derechos incluso cuando comunica sus victorias contra los grupos armados al margen de la ley.
Con EFE y medios locales
