La contratación de 3,000 MW adicionales se suma a más de 3,200 MW en proyectos y contratos de generación, almacenamiento y renovables.
El Gobierno de Puerto Rico mantiene en marcha varios procesos para incorporar nueva capacidad de generación eléctrica que podrían provocar una sobreconstrucción significativa del sistema, especialmente mediante proyectos basados en combustibles fósiles.
Uno de los principales procesos pendientes contempla la adquisición de 3,000 megavatios (MW) de nueva generación, probablemente a base de gas, incluidos hasta 600 MW destinados a sustituir la central eléctrica de Costa Sur.
La Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) cuestionó el proceso en cartas enviadas el 1 y el 17 de julio de 2026 a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (Autoridad P3) y a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
La Junta señaló que permanecían sin resolver asuntos relacionados con el acceso a los puertos, infraestructura y logística para el combustible, permisos, interconexión, criterios de cualificación técnica y financiera, costos, viabilidad de ejecución y capacidad de pago de los abonados.
También expresó preocupación porque, según indicó, sus comentarios anteriores habían sido ignorados y solicitó respuestas antes de que concluyera el proceso de contratación. El 20 de agosto afirmó que todavía no había recibido respuesta a sus inquietudes.
La Autoridad P3 tampoco había realizado un anuncio público sobre el proceso, pese a que tenía previsto seleccionar a los licitadores ganadores a finales de julio.
Contratos superan ampliamente la demanda máxima
La preocupación adquiere mayor relevancia debido a que la contratación de los 3,000 MW se desarrolla junto con otros proyectos ya aprobados.
Entre ellos figuran contratos para más de 1,000 MW de almacenamiento en baterías a gran escala, la nueva planta de gas Energiza, de 528 MW, 244 MW de nuevas unidades pico alimentadas con combustibles fósiles y más de 1,500 MW correspondientes a proyectos solares a gran escala.
El conjunto contrasta con la demanda máxima registrada por el sistema eléctrico de Puerto Rico en 2024, que fue inferior a 3,200 MW.
En su comunicación del 1 de julio, la Junta Fiscal cuestionó la aparente ausencia de una planificación coordinada y específica para la generación y planteó interrogantes sobre qué agencia gubernamental supervisa la coordinación de los diferentes procesos de adquisición.
También preguntó por la correspondencia de estos planes con el objetivo de Puerto Rico de alcanzar el 100 % de energía renovable para 2050 y por su impacto proyectado sobre las tarifas eléctricas.
El debate ocurre además después de un controvertido proceso para contratar 400 MW de generación de emergencia. La Autoridad P3 había gestionado la solicitud de propuestas que culminó con un contrato con un consorcio integrado por Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contracting Group.
En agosto, Enchanted Rock informó que ya no formaba parte del acuerdo y sostuvo que nunca había sido parte de este, alegando que Power Expectations había firmado fraudulentamente el contrato en su nombre. Posteriormente, la FOMB canceló el acuerdo.
Mientras tanto, la generación solar distribuida continúa creciendo. Para junio de 2026, los residentes y negocios habían instalado más de 1,600 MW de energía solar en techos, un 28 % más que un año antes.
El IEEFA ha cuestionado que el Gobierno de Puerto Rico impulse múltiples procesos de contratación al margen del plan integrado de recursos, instrumento destinado a orientar el desarrollo a largo plazo del sistema eléctrico.
La situación plantea la necesidad de una planificación coordinada que considere la capacidad ya contratada, el crecimiento de la generación solar distribuida y los costos que podrían trasladarse a los abonados.
Este artículo se elaboró partitir de un informe suministrado a DiarioDigitalRD por Cathy Kunkel ( ckunkel@ieefa.org ) consultora de energía de IEEFA.
