Un acuerdo clave para enfrentar los delitos ambientales se selló en Viena, en la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Se trata de la aprobación de una resolución para la creación de un comité especial encargado de elaborar un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales.
Hasta ahora, la reunión de la UNTOC, que se realiza cada dos años desde 2000, bajo el marco de la Convención de Palermo, se centraba en la criminalidad transnacional asociada a la trata de personas, la migración y el tráfico de armas. Pero a partir de esta décimo tercera cumbre, que finalizó el 23 de octubre, se abre un nuevo capítulo para afrontar el tráfico de fauna y flora silvestres (incluyendo madera y productos madereros); la minería ilegal y el tráfico de minerales y metales preciosos; y el tráfico de residuos. Estos serán considerados delitos transnacionales que requieren acciones coordinadas de los países miembros de la UNTOC.
“Este es un momento histórico en la lucha mundial contra los delitos ambientales. En un momento en que el multilateralismo se enfrenta a una presión sin precedentes, los gobiernos se han unido para reconocer que delitos como el tráfico de especies silvestres y la minería ilegal son formas graves de delincuencia organizada transnacional que requieren una respuesta internacional coordinada”, dijo Alice Pasqualato, especialista en políticas globales sobre delitos ambientales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), tras la aprobación del acuerdo.
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Durante la cumbre fue decisiva la presencia y participación de un grupo de representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía. Más de diez líderes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil asistieron a la cita para contar cómo la criminalidad organizada está afectando sus vidas en la Amazonía. Esta fue la primera vez que un grupo de representantes de pueblos indígenas amazónicos asistió a esta cita mundial.
La resolución para iniciar la construcción de un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales fue impulsada por once países, entre ellos ocho de América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay), además de Mauritania, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe, y recibió el respaldo de 83 naciones. Solo 12 votaron en contra y 27 se abstuvieron.
Algunos de los que votaron en contra fueron Argentina, Israel, Venezuela, Japón y Estados Unidos. Este último presentó hasta tres enmiendas para bloquear la creación del protocolo y presionó a otros países para que votaran en contra.
El rol de los líderes indígenas
“Nuestra participación ha sido importante para exponer la grave amenaza que existe en nuestros territorios a causa del narcotráfico, la minería ilegal y también del tráfico de tierras”, dice desde Viena Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) de Perú.
Los representantes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil asistieron a esta cumbre para exponer el impacto de los crímenes ambientales en cada uno de sus países y cómo la violencia y la presencia del crimen organizado mantiene bajo amenaza a los pueblos indígenas en la Amazonía.
“Sabemos que el narcotráfico y el crimen organizado no tienen fronteras; por eso necesitamos que en este espacio global, donde se habla sobre estos temas, se apruebe el protocolo que ayudará a combatir el incremento de la criminalidad organizada en nuestros territorios”, comentó el líder indígena kakataibo poco antes de la aprobación del pedido.
Durante la cumbre, los representantes de los pueblos indígenas se reunieron con embajadores de los países miembros del convenio de las Naciones Unidas, así como con miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y con Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo que supervisa y gestiona la UNTOC.
