Entre plataformas, fronteras y vacíos legales: los retos de investigar el abuso sexual infantil en internet

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También existen herramientas para ayudar a frenar la circulación de estas imágenes. Una de ellas es Take It Down, un servicio del National Center for Missing & Exploited Children que permite generar un hash, una especie de huella digital que identifica un archivo sin necesidad de subirlo a internet. García Yáñez explica que compartir ese código permite trabajar con las plataformas “para no revictimizar ni estar trasladando una imagen ilícita por todos los medios digitales”. Con esta información, las plataformas pueden detectar copias de las imágenes e intentar evitar que sigan compartiéndose.

Sin embargo, esa huella no permite saber quién consiguió la imagen, quién la compartió o si hubo amenazas de por medio. Para investigar lo ocurrido, García Yáñez explica que lo ideal es conservar las conversaciones, fotografías o videos originales en el teléfono o computadora donde aparecieron. Un perito puede revisar el dispositivo para comprobar que los archivos estuvieron ahí y analizar si fueron alterados. “Con eso damos certeza de que efectivamente existió en determinado momento del tiempo”, señala.

A veces las víctimas borran los archivos por miedo a que sus familiares los encuentren o porque alguien las está amenazando. Cuando solo quedan capturas de pantalla también es posible analizarlas, aunque es más difícil comprobar el origen. Una captura es “un poquito más vulnerable como prueba”, explica el perito, pero “a veces es lo que hay”.


redes sociales menores

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¿Hasta dónde puede investigar un colectivo?

Cuando sus investigaciones no encuentran respuesta en las autoridades, DLR también ha optado por exhibir públicamente a quienes identifica como agresores. Torres reconoce que el colectivo ha difundido nombres, rostros y números telefónicos. Algunas lo han denunciado por hacerlo.

Estas prácticas también se han documentado fuera de México. La Universidad de Essex, en Reino Unido, ha estudiado a los llamados “paedophile hunters”, grupos ciudadanos que se hacen pasar por menores de edad para identificar agresores y, en ocasiones, exponerlos públicamente. Su investigación reconoce que pueden aportar información a la policía, pero advierte sobre las consecuencias de exhibir a personas que todavía no han sido juzgadas.

García Yáñez también señala riesgos legales con este tipo de acciones. Al ingresar a grupos donde circula material de abuso sexual infantil, los integrantes de un colectivo pueden recibir archivos cuya posesión está penalizada. “Si te mandan este tipo de contenido, tú ya te estás volviendo también parte de la red”, advierte, pero añade: “Es entendible por la necesidad y porque a veces las autoridades son lentas en su forma de actuar”.

Torres cuestiona la preparación de las autoridades para investigar estos delitos. Recuerda un caso en Oaxaca en el que DLR mantuvo durante meses acceso a grupos donde había encontrado indicios de explotación sexual de menores. Proporcionó cuentas y enlaces para que las autoridades documentaran lo que ocurría, pero una de las áreas reportó uno de los grupos y este fue cerrado. “Todo el trabajo de meses se arruinó por eso”, lamenta. Para él, no tiene sentido que existan fiscalías especializadas si no hay protocolos.

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