Lo que comenzó en Bolivia como un levantamiento sectorial por la disminución del subsidio al combustible, se esparció en las últimas tres semanas a múltiples gremios industriales, descontentos con la situación económica y política que atraviesa la nación latinoamericana.
«La conflictividad se ha centrado en la sede de gobierno, que está asediada por todos los puntos de comunicación con el resto del país», resaltó a France 24 la politóloga María Teresa Zegada.
Aunque el Ejecutivo ha entablado diálogos y alcanzado acuerdos con algunos sectores sublevados, las calles siguen ardiendo debido a los simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), liderados por el expresidente Evo Morales, quienes piden la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz.
Movimiento multisectorial
Las manifestaciones que comenzaron a inicios de mayo han congregado a gremios mineros, transportistas, campesinos y sindicatos de todo el país, quienes presionan al Gobierno de Rodrigo Paz para que revierta las medidas de austeridad y controle el aumento del costo de vida.
Pero el presidente defiende los recortes de gastos y la reducción de los subsidios a los combustibles como medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas.
«Mientras descomprime un conflicto, se abren otros. Es decir, es un escenario muy crítico»
En una movilización tan amplia, las exigencias llegan desde múltiples flancos para el Ejecutivo. Los docentes, por ejemplo, exigen mejores salarios y mayor financiación, mientras que los sindicatos del transporte protestan por la escasez de combustible y los problemas de suministro.
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El encarecimiento de los precios de la gasolina abrió la puerta a la entrada de combustible de mala calidad que ha dañado los motores de algunos vehículos.
En paralelo, los pueblos indígenas y rurales se manifiestan contra las reformas agrarias que, a su juicio, favorecen a los grandes terratenientes.
Aunque el Gobierno intentó contener el malestar social con la derogación de la ley agraria y el anuncio de aumentos salariales, esos pasos no han sido suficientes para sofocar las protestas.
«El Gobierno está haciendo esfuerzos por establecer escenarios de diálogo y por atenuar la conflictividad social. Sin embargo, mientras descomprime un conflicto, se abren otros. Es decir, es un escenario muy crítico y estamos en el momento más álgido», alerta Zegada.
La economía boliviana, lastrada por la inflación, registra un encarecimiento de los precios a un ritmo del 14 % interanual, según la medición de abril.
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Disturbios
Las manifestaciones se han tornado cada vez más violentas. La jornada del lunes terminó en enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes en La Paz, quienes saquearon algunos comercios y edificios gubernamentales y vandalizaron varias estaciones del transporte público.
La empresa estatal Mi Teleférico suspendió temporalmente sus servicios en cuatro líneas por donde pasaron las manifestaciones tras registrar daños en algunas instalaciones.
Los activistas cercaron las calles aledañas a la plaza Murillo, donde están las sedes del Gobierno y el Parlamento. Lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamita para intentar rebasar a los agentes antimotines que custodiaban las sedes del poder. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos.
En pocos minutos la calle se convirtió en una batalla campal. Un grupo de manifestantes arrancó las puertas de un edificio privado para usarlas como protección y algunos sacaron del lugar objetos como papeles o muebles, que usaron para encender fogatas y construir barricadas.
En otro sector de La Paz, algunos funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) filmaron la irrupción de manifestantes en el edificio de la entidad, donde destruyeron y sacaron algunos muebles, mientras otro grupo apedreaba una de las entradas a los juzgados.
Algunos comerciantes callejeros denunciaron que los manifestantes saquearon y destruyeron sus pequeños negocios. Un vehículo policial fue carbonizado cerca de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).
Además, unos 15 periodistas y cuatro equipos de prensa fueron agredidos en la última semana de protestas, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Las autoridades informaron de tres muertes atribuidas a las protestas, entre ellas las de pacientes que murieron al interior de las ambulancias al no poder llegar hasta el hospital para recibir atención médica.
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La escasez se agudiza
El departamento de La Paz permanece incomunicado con el resto del país desde hace 13 días por bloqueos de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari con el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB).
La escasez de alimentos, combustible y material sanitario comienza a cronificarse después de tres semanas de bloqueos. «La Paz está ya casi desprovista de alimentos, los precios se han elevado muchísimo y le resulta muy complejo a quienes viven en esa región», ilustra la socióloga María Teresa Zegada.
Los bloqueos viales han dejado varados a unos 5.000 camiones en las carreteras, mientras que las cámaras de comercio estiman pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios.
Este martes 19 de mayo, varios bancos bolivianos cerraron temporalmente sus sucursales en la capital, alegando problemas de seguridad ante la escalada de disturbios, mientras que la petrolera estatal YPFB señaló que los bloqueos en su planta de Senkata y en varias carreteras en todo el país provocaron la suspensión de los envíos de crudo a las zonas afectadas.
En el resto de la nación también se registran algunos cortes de carreteras, como en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.
El Ejecutivo ha intentado paliar el desabastecimiento con el uso de aviones de carga y militares para llegar a las zonas bloqueadas. Incluso Argentina envió un avión militar con suministros de alimentos a petición del gobierno boliviano.
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Mano firme contra las protestas
La compleja situación de orden público en Bolivia ha revelado «un difícil equilibrio para el Gobierno, entre abrir corredores humanitarios (por la fuerza) —como hizo el fin de semana para dejar pasar combustible y alimentos— y no generar más reacción social y más protestas», explica la politóloga y socióloga María Teresa Zegada.
En este escenario, el presidente Rodrigo Paz se mantiene firme en su posición de mano dura contra las protestas, ya que descarta, de momento, comprometer más recursos públicos para satisfacer a los manifestantes, argumentando que debe controlar el déficit fiscal que se mantiene en el 10 % del PIB.
«Se puede abrir un escenario muy crítico de enfrentamiento entre la sociedad civil que puede derivar en escenarios de violencia»
El Ejecutivo ha ordenado desbloquear algunas carreteras por la fuerza, aunque sin el uso de armas letales, con el despliegue de unos 3.500 miembros de la fuerza pública. Unas 90 personas han sido detenidas, según la Fiscalía.
«Pueden manifestarse si es pacífica, pero tomaremos medidas si cometen delitos», declaró el viceministro del Interior, Hernán Paredes.
Algunos gobernadores regionales han presionado al presidente para que declare el estado de excepción, en un intento por evitar una mayor escalada en las calles.
«Hay sectores de la sociedad civil que están en contra de los bloqueos porque se están viendo afectados, como por ejemplo los sectores productores, empresariales o comerciales» apunta Zegada, antes de remarcar que estos colectivos han convocado a una contraprotesta para rechazar el corte de vías.
«Se puede abrir un escenario muy crítico de enfrentamiento entre la sociedad civil que puede derivar en escenarios de violencia«, alerta la politóloga y socióloga.
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Por si fuera poco, el mandatario ha tenido que afrontar otra rebelión al interior del Gobierno, después de que el vicepresidente, Hermán Lara, se opusiera a los operativos policiales, en un nuevo choque de posturas con el líder del Ejecutivo.
«El vicepresidente se ha convertido en uno de los principales opositores del Gobierno, paradójicamente», señala Zegada tras recordar que, en caso de una hipotética dimisión de Paz, Lara quedaría al mando del Ejecutivo.
Con solo seis meses en el poder, al jefe de Estado le quedan aún cuatro años y medio al frente del país. «La Constitución prevé un escenario de adelantamiento de elecciones, pero después de cumplida la mitad del mandato, es decir, dentro de dos años», apunta la analista.
Algunas voces de respaldo al presidente han llegado desde fuera de sus fronteras. La Oficina de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de EE. UU. mostró su respaldo a Paz al sostener que las manifestaciones han derivado en una crisis humanitaria.
En la misma línea, ocho gobiernos latinoamericanos aliados, desde Chile hasta Costa Rica, emitieron un comunicado conjunto rechazando “cualquier acción que atente contra el orden democrático”.
Evo Morales, detrás del telón
Las reivindicaciones económicas se han mezclado con las peticiones políticas. «Es un escenario complejo porque han confluido elementos sociales muy legítimos con elementos políticos de inestabilidad que están siendo alentados por el que fuera el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS)», del expresidente Evo Morales, plantea la politóloga María Teresa Zegada.
Desde su confinamiento en el trópico de Cochabamba, Morales ha usado las redes sociales como una plataforma para espolear las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.
“Mientras no se aborden las necesidades estructurales como el combustible, los alimentos y la inflación, el levantamiento no se detendrá”, vaticinó Morales en la red social X.
Miles de simpatizantes del exmandatario que gobernó el país durante casi 14 años han salido a las calles después de que un juez lo declarara en desacato a principios de este mes por no comparecer ante el tribunal en un caso de tráfico de personas. Morales niega haber cometido algún delito.
Entretanto, el Gobierno de Paz señala a Morales como promotor de las movilizaciones, en un «intento» por volver al poder.
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Con EFE, Reuters, AP y medios locales
