El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este sábado 11 de julio que la Administración del presidente Donald Trump «seguirá utilizando» todas las herramientas a su alcance para enfrentar lo que considera amenazas de seguridad del Gobierno cubano y para impulsar reformas económicas y políticas en la isla.
«Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde», señaló Rubio en un comunicado difundido a propósito del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles contra la escasez y la falta de libertades, en la mayor manifestación antigubernamental en décadas.
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El funcionario condenó que, cinco años después de aquel estallido social, cientos de cubanos permanezcan detenidos «injustamente» y reiteró el llamado a «la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba». También acusó a los líderes de la isla, sin presentar pruebas, de robar y ocultar en el extranjero los pocos recursos que quedan en el país.
Rubio sostuvo que Washington ha ofrecido a Cuba asistencia para la reconstrucción y «la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países», condicionada a que el Gobierno cubano implemente reformas políticas y económicas.
Una isla a oscuras
La declaración tiene lugar mientras Cuba intenta reconectar de manera gradual su sistema eléctrico, tras el colapso nacional del viernes 10 de julio, el segundo en cinco días, el cuarto en lo que va del 2026 y el noveno desde finales de 2024, que dejó sin suministro a más de nueve millones de personas. La estatal Unión Eléctrica informó que la desconexión total ocurrió a las 16:30 hora local.
El ministerio de Energía y Minas estableció microsistemas de generación en todas las provincias para garantizar servicios vitales como hospitales y abastecimiento de agua. En La Habana, donde, según la agencia EFE, viven unos dos millones de personas, la restauración alcanzaba este sábado el 12,6% del servicio, según las autoridades locales.
La causa de la desconexión fue un fallo en la línea de 220 kilovoltios entre las ciudades de Santa Clara y Sancti Spíritus, que provocó una fluctuación en los parámetros del sistema y sacó de servicio varias unidades térmicas. Al momento del apagón, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica ya estaban fuera de operación por averías o mantenimiento.
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La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de cuatro décadas en explotación, y de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado. La principal planta, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, permanece fuera de servicio por reparaciones y ha sido paralizada más de 15 veces en 2026.
«El apagón imposibilita que puedas tener una vida normal, te crea inestabilidad en el estado de ánimo, y te obliga a vivir al día», declaró a la agencia AFP Idania López, una jubilada de 71 años. «Provoca en las personas una sensación de no vida».
«Todos los alimentos se echan a perder, lo que es un golpe económico», dijo por su parte a Reuters Yailin Fis García, de 26 años, frente a su cafetería a oscuras en el centro de La Habana, abierta apenas unas semanas atrás. En su barrio, en las afueras de la capital, la electricidad llega desde hace un mes solo una o dos horas por día.
Los cortes ya superan las 30 horas consecutivas en La Habana (según la cuenta de la agencia AFP) y se prolongan durante varios días en algunas provincias.
La escasez de combustible ha paralizado tanto el transporte público como los servicios médicos, por lo que se han cancelado cirugías.
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El bloqueo petrolero y un sistema agotado
Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada por las restricciones al suministro de petróleo impuestas por Estados Unidos desde enero, cuando la Administración de Donald Trump advirtió de posibles represalias contra los países que vendieran o suministraran crudo a la isla.
La medida llegó tras la captura y el traslado a Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 3 de enero. Venezuela era el principal proveedor de combustible de Cuba y la presión estadounidense llevó después a México a suspender también sus envíos.
La isla necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios y produce unos 40.000, según informan medios locales. El último buque en llegar con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, sancionado por Estados Unidos, que entró a la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles, agotados a fines de abril.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, atribuyó la situación a las sanciones estadounidenses y acusó a Washington de buscar «provocar un estallido social por asfixia», además de calificar de «genocida» el bloqueo energético.
El Gobierno ha reconocido que la situación del sistema eléctrico es «crítica» y «extremadamente tensa», marcada tanto por el cerco petrolero como por una infraestructura profundamente obsoleta.
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Analistas consultados por EFE apuntan a raíces que preceden a la actual ofensiva de la Casa Blanca.
«El declive económico de Cuba comenzó mucho antes de las últimas sanciones de EE. UU.», afirmó Jason Marczak, director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, para quien «décadas de mala gestión económica y corrupción por parte del régimen cubano han vaciado el sector productivo de la isla».
El economista Ricardo Torres, investigador de la American University, identificó tres decisiones estructurales detrás del colapso: una política de inversión que priorizó la construcción de hoteles por encima del sistema eléctrico y la agricultura, una política «persistentemente inconsistente, fragmentada y restrictiva hacia el sector privado» y la unificación monetaria de 2021, que desató una inflación que «agravó, en lugar de resolver, los desequilibrios que pretendía corregir».
La CEPAL proyecta que la economía cubana se contraerá 6,5% en 2026, mientras la Economist Intelligence Unit estima una caída de 7,2%. La presión de las sanciones provocó además la salida de empresas extranjeras con décadas de presencia en la isla, entre ellas las hoteleras españolas Meliá e Iberostar, que dejaron de operar instalaciones del conglomerado militar Gaesa.
Tensión social, lejos de la masividad de 2021
Los cortes crónicos de electricidad han alimentado la tensión social. Tras el apagón nacional del lunes 6 de julio se registraron protestas dispersas con cacerolazos en La Habana, aunque lejos de la magnitud de las movilizaciones de julio de 2021.
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El choque entre los dos Gobiernos escaló esta semana a la Asamblea General de la ONU, donde el martes pasado, 7 de julio, se realizó un debate sobre la política estadounidense hacia Cuba.
El embajador de Estados Unidos ante el organismo, Mike Waltz, responsabilizó únicamente a La Habana: «Cambien su rumbo y devuélvanle la luz a su gente».
La gran mayoría de los países que intervinieron pidió en cambio a Washington poner fin al bloqueo y revertir las sanciones.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó las medidas como una «violación sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo en un acto de castigo colectivo».
Tras el apagón del viernes, el primer ministro Manuel Marrero escribió en redes sociales: «Ha sido otra semana muy dura bajo el impacto del cerco energético: dos desconexiones del SEN, casi sin combustible para energizar las plantas y con varias unidades fuera de servicio».
Pese a las tensiones, y aunque Trump ha calificado a la isla como «una amenaza extraordinaria» para la seguridad estadounidense y ha advertido que podría «tomar el control», Washington y La Habana mantienen conversaciones. A fines de junio, el propio Rodríguez reconoció que las negociaciones en curso no habían logrado «ningún progreso».
Con EFE, AP, AFP y Reuters
