El equipo de Veeleaf señaló que el reporte evidencia cómo la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) están, supuestamente, evadiendo su responsabilidad. La organización asegura que, desde el aseguramiento de los nueve ejemplares, dichas secretarías solo realizaron cuatro inspecciones en el lugar.
Afirma que las dependencias formaron parte del sistema que permitió la exposición de los delfines a estas condiciones. “Ahora publica un informe describiendo cáncer, ceguera y afectaciones oculares graves, falla y colapso de múltiples órganos, úlceras, desnutrición, anemia, destrucción dental severa, lesiones profundas en lengua y mucosa oral y alteraciones cutáneas, como si estuviera documentando una realidad ajena a su propia responsabilidad”.
De esta manera, el colectivo se cuestiona: “¿Quién autorizó durante años que estos animales fueran mantenidos y explotados en estas instalaciones? ¿Quién permitió que esta industria funcionara legalmente? ¿Quién tenía la obligación de inspeccionar, vigilar y actuar antes de que nueve delfines llegaran a este estado?”.
Una ley ineficaz
La reforma a la Ley General de Vida Silvestre se aprobó en junio de 2025, después de que Mincho, un delfín adulto con cáncer y ceguera, se estrellara contra una pared de concreto durante un entrenamiento de acrobacias en el Dolphinaris Barceló. Tras el incidente, ocurrido en 2020, el delfín fue reubicado por Profepa en las instalaciones de Dolphin Discovery de Ventura Park, donde aún permanece.
La enmienda legislativa, conocida como reforma Mincho, establece que, tras ser resguardados, los animales que participaron en espectáculos deben ser reubicados bajo condiciones que garanticen su integridad física. Además, obliga a las autoridades ambientales a salvaguardar su integridad durante el periodo de resguardo y a transparentar todo el proceso.
Veeleaf acusa que “la reforma contiene vacíos e imprecisiones que dificultan su aplicación y, mientras esos problemas persisten, la realidad de muchos delfines sigue siendo exactamente la misma”.
Se estima que en México al menos 270 delfines permanecen en cautiverio, debido a una serie de amparos solicitados por diversas empresas tras la aprobación de la reforma Mincho. La organización Empty the Tanks México ha identificado cuando menos seis predios que manejan vida silvestre y que siguen operando al margen de la ley.
“El gran problema es esta evasión de responsabilidad que están teniendo los delfinarios al ampararse en tribunales, en ampararse en la Suprema Corte porque no les parece la ley, porque no les conviene y porque no quieren hacer ningún tipo de inversión en infraestructura para mejorar la vida de estos animales que les han dado tanto”, señaló Mariel Tejeda, directora de Empty the Tanks México, en una entrevista con Excélsior.
