Según una nueva acusación presentada ante un tribunal federal de Manhattan, Maduro y Flores fueron imputados por un cargo adicional de conspiración para cometer tortura. La Fiscalía sostiene que ambos utilizaron su posición de poder para perseguir a personas consideradas una amenaza para el Gobierno venezolano.
El documento judicial describe varios episodios. En uno de ellos, los fiscales sostienen que Maduro ordenó en 2013 detener a un militar venezolano al que sospechaba de preparar un golpe de Estado. Según la acusación, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo sometieron a interrogatorios durante los cuales recibió descargas eléctricas y fue suspendido de brazos y piernas durante varios minutos.
La Fiscalía también incluye el caso de un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela en 2022. Según los fiscales, fue acusado de conspirar para asesinar a Maduro y posteriormente sufrió golpes y descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo durante su detención.
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Una causa que ahora incluye acusaciones de tortura
El nuevo cargo se suma a las acusaciones por narcotráfico que ya enfrentaban Maduro y Flores desde su llegada a Estados Unidos. Ambos fueron capturados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en su vivienda de Caracas y trasladados a Nueva York.
La operación puso fin a los 13 años de Maduro al frente de Venezuela. Desde entonces, el país quedó bajo la conducción de su antigua vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mientras Caracas aumentó su cooperación con Washington.
Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos relacionados con el narcotráfico y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.
Cilia Flores pide salir de prisión
La ampliación de la causa coincide con una audiencia clave para Cilia Flores. La exprimera dama venezolana comparecerá este jueves ante un tribunal federal de Manhattan para solicitar que se le permita abandonar la prisión y cumplir la detención bajo arresto domiciliario por razones de salud.
Sus abogados quieren que pueda someterse a un procedimiento cardíaco y recuperarse en una vivienda del área de Nueva York, bajo vigilancia permanente. El Gobierno venezolano, autorizado por Estados Unidos, asumiría los gastos de su defensa y, según la propuesta de sus abogados, también los costes de la supervisión.
La Fiscalía se opone a la liberación. Los fiscales consideran que Flores presenta un riesgo elevado de fuga y que su salida podría generar riesgos para la investigación, incluida una eventual intimidación de testigos. También sostienen que ya recibió atención médica durante su detención.
La decisión sobre su situación penitenciaria no determinará el resultado del juicio. En caso de una condena por los cargos que ya enfrenta, Flores podría recibir una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, según los fiscales estadounidenses.
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Un proceso que amplía las acusaciones contra la antigua cúpula venezolana
La nueva imputación abre un capítulo diferente dentro de la causa contra Maduro y Flores. Hasta ahora, el proceso en Nueva York estaba centrado principalmente en las acusaciones de narcotráfico. Con el nuevo cargo, los fiscales incorporan presuntos actos de tortura que, según la acusación, formaron parte de mecanismos utilizados para mantener el control político en Venezuela.
El documento judicial no supone una condena y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales. Maduro y Flores mantienen su declaración de inocencia frente a los cargos que enfrentan en Estados Unidos.
El proceso tendrá ahora una nueva dimensión mientras se acerca el juicio previsto para 2027 y Venezuela atraviesa una etapa política diferente desde la salida de Maduro del poder.
