La llegada de dos enormes estructuras para la construcción de la planta de amoníaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, México, irrumpió primero en las pantallas de los celulares. Melina Maldonado, una de las defensoras del pueblo indígena yoreme-mayo, que desde 2014 ha encabezado la oposición al megaproyecto, las vio por primera vez en una fotografía compartida en un grupo de WhatsApp. La imagen mostraba una estructura descomunal, alargada y metálica.
“Eso es un misil, ahora sí vamos a ‘volar’, miren la magnitud”, escribían algunos pobladores, recuerda Maldonado, mientras observaban el convoy salir lentamente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Topolobampo el 29 de mayo de 2026, rumbo a las instalaciones de GPO en la bahía de Ohuira, un sitio de alto valor ambiental, cultural y económico que las comunidades buscan proteger.
Apenas una treintena de pescadores intentó detener el paso de aquella mole industrial que, vista junto a los tráileres que la transportaban, parecía todavía más grande. Para Maldonado, aquel momento marcó un punto de inflexión. Las fotografías y videos circularon de teléfono en teléfono, despertando una inquietud que, según ella, durante años no había logrado permear entre buena parte de la población del puerto. Las comunidades yoreme-mayo comenzaron a organizarse para intentar frenar el traslado de una segunda estructura (que la empresa posteriormente describiría como torres industriales para la captura de dióxido de carbono), mientras el rechazo al proyecto se extendía entre habitantes de Topolobampo, Los Mochis y otros puntos de Sinaloa.
“Ahorita siento que la empresa se equivocó al mostrar su verdadero rostro: el monstruo del humedal, porque es como ahora lo miran todos”, afirma Maldonado, integrante del colectivo Aquí No, fundado en 2017 e integrado por las comunidades yoreme-mayo, activistas, académicos y asesores legales para alertar sobre los posibles impactos del proyecto. La planta de GPO está diseñada para producir 2,200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas utilizado como insumo base para la fabricación de fertilizantes.
La llegada de aquellas estructuras también modificó la escala de las protestas. En cuestión de días, se registraron movilizaciones en otras ciudades de Sinaloa, como Culiacán y Mazatlán. En la Ciudad de México, colectivos ambientalistas y organizaciones en defensa del territorio convocaron a una protesta frente a la Embajada de Alemania, país de origen de Proman AG, grupo empresarial que participa como socio principal de GPO. También se reportó una manifestación en Alemania, donde mexicanos residentes en Berlín replicaron las exigencias de cancelación del proyecto y cuestionaron el papel del financiamiento alemán en su desarrollo, respaldado por el banco KfW IPEX-Bank.
