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Qué implica que la OMSA sea una empresa pública

La ley…

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La ley 63-17, que data de hace seis años, ordena al Poder Ejecutivo dar los pasos necesarios para constituir a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en una empresa pública. El abril de este año, el presidente Luis Abinader hizo lo propio, al establecer los criterios para la transformación institucional, administrativa, técnica y operativa de este servicio de transporte, mediante el decreto 167-23.

Este miércoles, seis meses después, quedó conformado oficialmente el Consejo de Administración de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, que mantiene las siglas OMSA, marcando el inicio de la reforma de este medio de transporte.

Con el cambio de institución pública a empresa pública la OMSA tendrá una visión comercial, con mayor eficiencia y calidad en el servicio, sin dejar de ser patrimonio del Estado dominicano, que tiene el 99.9 % de sus acciones.

La OMSA tendrá personería jurídica, patrimonio propio y capacidad para contraer obligaciones comerciales y contractuales, conforme su propio mecanismo de dirección y control. Se unirá a entidades como el Banreservas y las Edes que son empresas públicas, aunque operá bajo el criterio establecido por el decreto 167-23.

Sobre la pregunta de si la OMSA podría aumentar el costo del pasaje en el futuro o tomar decisiones que afecten el bolsillo de los usuarios, el abogado Rafael Dickson explicó que por ser una empresa que busca rentabilidad someter este y otros cambios podrían producirse siempre que vayan encaminado a aumentar la calidad del servicio, precedido de un estudio y con la aprobación de su Consejo de Administración, que lo componen en su totalidad altos funcionarios de ministerios vinculantes.

De hecho, el artículo 10 del referido decreto le da el poder a la Operadora Metropolitana de “establecer tarifas equitativas y accesibles para los usuarios, en coordinación con las autoridades competentes”.

Este consejo es el órgano de gobierno superior a la empresa y quedó integrado por los ministros de la Presidencia, Joel Santos (presidente), de Hacienda Jochi Vicente, de Obras Públicas, Deligne Ascension. El actual director de la OMSA pasa a ser el vicepresidente ejecutivo, Radhamés González, y fungirá como administrador general de la nueva empresa pública. Es parte del consejo con voz, pero sin voto.

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El consejo de administración velará por el cumplimiento de las leyes, podrá aprobar y modificar los estatutos sociales, los estatutos sociales, el plan estratégico y el presupuesto.   

Es parte de su atribución aprobar la política de inversiones, el uso de los fondos y la política salarial de los altos cargos a sometimiento del administrador general.

En cuanto al administrador general, este es quien representa a la OMSA, firma contratos con previa autorización del consejo, se encarga en sí, de la operatividad de la empresa.

Financiamiento

Además de la asignación presupuestaria del Estado, la nueva OMSA podrá financiarse de los ingresos que genere por la prestación de sus servicios, de fondos y financiamientos provenientes de organismos internacionales y de los ingresos derivados de la explotación de sus bienes y derechos.

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