El presidente Luis Abinader firmó un decreto con el que restringió el tipo de publicidad gubernamental que se puede colocar, estableció los criterios para la contratación e hizo una serie de prohibiciones.

Con la orden ejecutiva número 1-24, el mandatario prohibió incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia personal que individualice o distinga a funcionarios públicos, o para destacar los logros de esta gestión o los objetivos alcanzados.

También vedó la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no.

Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan objetivos señalados.

Entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos, e informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares.

Mismos gastos

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, dijo que no se espera una disminución del gasto ni una reestructuración del presupuesto en “comunicaciones porque “nosotros lo usamos eficientemente”.

“No va a haber que reestructurar nada porque ya era eficiente como probé con la cifra que compartí de la ejecución del 2023”, acotó.

3,594 Millones fue el gasto del Gobierno en “comunicaciones” en el año 2023 que terminó

Respondió también a la oposición que ha criticado el gran gasto en publicidad estatal promoviendo la imagen del presidente. Dijo que el monto ejecutado en comunicación durante el 2023 fue de 3,594,417,516.30 pesos y que no se puede partir de la cifra aprobada, ya que esta es mucho mayor.

Figueroa aseguró que los pequeños empresarios que viven de la publicidad que les coloca el Gobierno en sus medios digitales no serán afectados negativamente y que el dinero alcanzará para los grandes, medianos y pequeños propietarios.

Verificación
Sin embargo, cada contrato deberá establecer la forma de verificación del cumplimiento de las obligaciones. Para estos fines, se considerarán las estadísticas de las plataformas de los medios, no solamente la producida por ellos mismos.

También deberá presentarse documentación sobre el público objetivo y el público alcanzado, el alcance geográfico y demográfico del medio y el costo por impacto publicitario.

Camisa de fuerza
El presidente Abinader calificó como una camisa de fuerza la disposición, que asumió para que se respeten los fondos públicos.

“Yo sé que es extraño porque es una camisa de fuerza que nos ponemos nosotros en un año electoral. Pero es un año electoral que es diferente, por eso hemos mandado muchos mensajes de que aquí hay que respetar los recursos del Gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales”, sostuvo el presidente Abinader.
Explicó que este decreto estuvo en discusión por cerca de cuatro meses y se logró un consenso varios días antes de terminar el año 2024.

Requisitos
Las instituciones contratantes, al evaluar distintos medios de comunicación, considerarán criterios para el respeto de la igualdad y competencia justa, entre ellos, alcance geográfico: internacional, nacional, regional, provincial o municipal.

Para esos fines la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental definirá umbrales relativos al tamaño de la audiencia, de acuerdo con el tipo de medio de comunicación y el tipo de contenido del programa.

Reducir
El presidente instruyó a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a la estrictamente necesaria en función del servicio público prestado y con especial observancia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como a las orientaciones o disposiciones emanadas por la Junta Central Electoral (JCE).

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, fue quien especificó las exigencias que deberán cumplir las instituciones para contratar publicidad.

En el referido documento se prohibió la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no, como también usar publicidad que tenga como objeto o efecto propósitos electorales, salvo la divulgación de logros en el marco del período de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional.

La Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) verificarán el cumplimiento y, en un plazo de seis meses, elaborarán una propuesta de reglamento general de publicidad oficial.