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Carlos Pimentel: “Quienes modificaron la Ley 340-06 sembraron la primera semilla de la impunidad en el país”

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Carlos Pimentel: “Quienes modificaron la Ley 340-06 sembraron la primera semilla de la impunidad en el país”
El director de Contrataciones Públicas afirma que desde ahí se orquestó un sistema de corrupción
Jairon SeverinoPorJairon Severino  12 April, 2024

El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, aseguró que quienes en 2006 decidieron quitarle el sistema de consecuencia a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones sembraron la primera semilla de la impunidad en República Dominicana.


El funcionario expresó que esa semilla creció hasta convertirse en un sistema de complicidad y a partir de ahí se orquestó toda una estructura de impunidad en el país. A su entender, los elementos que demuestran este entramado están a la vista de todos.

“Una Procuraduría que no investigaba, una Contraloría que fue parte de un cartel de la corrupción, una Cámara de Cuentas que no asumía su rol de fiscalizador y de control, por lo que fue parte de la corrupción. Además, era una Contraloría que nunca hizo una auditoría y una Contraloría que fue permisiva y por eso sus actores están siendo procesados”, sostuvo.

Pimentel afirma que no se trata de que los actores de la prevención y del control fueron permisivos de la impunidad, sino que fueron parte de las estructuras que acumularon para el financiamiento político y enriquecimiento ilícito.

Reveló que durante su gestión se han registrado alrededor de 20,000 nuevos proveedores del Estado con un incremento de participación que ronda el 42% y ha habido una mayor adjudicación de empresas distintas y no recurrentes como solía suceder en el pasado reciente.

Hay que recordar, destaca, que cuando se aprobó la Ley 340-06 fue modificada antes de los seis meses de vigencia y quienes la modificaron lo hicieron para extirpar o arrancar el sistema de consecuencia. Pimentel ofreció estas declaraciones durante su participación este viernes en el programa Dominicana en la Mañana, que se trasmite por la Corporación Estatal de Radio y Televisión.

Indicó que la Ley 340-06 se agotó y ya está llena de insuficiencias, contradicciones y en estos momentos no permite dar respuestas a las visiones del contexto y al régimen de consecuencias. “Tenemos un proyecto que podemos decir que técnicamente, de aprobarse, tendríamos el marco normativo más moderno de la región, un proyecto de ley que lo hicimos con todo el esfuerzo y capacidades técnicas, consultando los precedentes de la legislación y otras experiencias”, explicó Pimentel.

“¿Hay retos y desafíos? Por supuesto que sí. Vivimos de manera permanente caminando y construyendo, pero con una visión muy clara, que es lo más importante. Se trata de más transparencia, más control, más eficiencia y menos burocracia para aportar al desarrollo económico del país”, explicó.

Sobre la mirada que el funcionario sostiene que tiene las contrataciones, dice que están enfocados en tres ejes fundamentales. El primero es el común y va de la mano con la transparencia, controles y la agenda anticorrupción, en la que, aseguró, se pueden mostrar resultados en esa dirección.

Otro de los componentes tiene que ver con la eficiencia, ya que el Estado necesita contratar, ya que la única manera de hacerlo funcionar es en la medida en que contrata bienes, servicios y otras para cumplir su fin o suplir las demandas de la ciudadanía, lo que también sirve para garantizar derecho.

Ahora bien, sostiene, las contrataciones públicas con el eje fundamental de desarrollo de un país siempre tomando en cuenta la transparencia y la eficiencia. “Además, cuando la impulsamos desde una perspectiva de políticas públicas que estén dirigidas a la mipymes, tanto aquellas que son dirigidas por mujeres y las industriales; productores agropecuarios y cooperativas”, afirmó.

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Se acabó la paz de Luis Henry Molina, ADOCCO le cae atrás a denuncias de abusos en su gestión

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La Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) ha anunciado su intención de presentar ante organismos internacionales las acciones de represalia emprendidas por el Consejo del Poder Judicial contra jueces que han demandado el respeto a la Constitución y las leyes, especialmente en casos de traslados ilegales.

La polémica surgió tras las declaraciones de la jueza Ysis Muniz, expresidenta de la Asociación de Jueces Dominicanos (ASOJURD) y en ese momento presidenta de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional. Muniz alertó sobre planes del Consejo del Poder Judicial, liderado por el juez Luis Henry Molina Peña, de realizar traslados de jueces de manera ilegal, especificando nombres y apellidos, desde el Departamento Judicial de la provincia de La Vega y el Distrito Judicial de La Altagracia.

Informan en su comunicado también denuncian la omisión y negativa del Consejo del Poder Judicial de cumplir con su deber de jubilar a jueces que han alcanzado la edad límite para el ejercicio, como establece la Ley 327-98 sobre carrera judicial y la Resolución núm. 001-2021. Esta situación llegó a ser discutida en el Consejo del Poder Judicial el 2 de abril, y posteriormente se publicó un acta el 10 de abril con información sobre pensiones y jubilaciones de jueces en esa situación, según consta en el acta No. 10-2024.

https://x.com/ADOCCO/status/1786159024527859917




Entre los jueces afectados por esta situación se encontrarían titulares de cargos importantes, como la presidencia de la Corte de Apelación de la jurisdicción civil de la provincia Santo Domingo, la presidencia del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional, y la presidencia de la Corte de Apelación Niños Niñas y Adolescentes de la provincia Santo Domingo.

La falta de cumplimiento de la ley en este aspecto ha generado inquietud, ya que las titulares de los órganos mencionados siguen en funciones a pesar de haber alcanzado la edad de retiro, lo cual constituye una violación flagrante del artículo 56 párrafo 4 de la ley de carrera judicial, que establece la jubilación obligatoria al llegar a cierta edad.

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