Justicia
Detenciones Arbitrarias de la ONU censura el apresamiento de Jean Alain Rodríguez
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ha emitido una opinión legal que señala que la privación de libertad del exprocurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez Sánchez, ha sido arbitraria, por lo que ha pedido su libertad incondicional.
“Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Rodríguez Sánchez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el Derecho internacional”, señaló el grupo en un informe.
Esta instancia analizó este caso en su 97º sesión, que celebró entre fines de agosto y principios de agosto, aunque su opinión legal ha sido emitida semanas después.
Los expertos de la instancia de la ONU también reclaman al Gobierno dominicano una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del exprocurador y que “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos“.
Rodríguez Sánchez, procurador general entre 2016 y 2020, inició investigaciones por sobornos a funcionarios dominicanos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, lo que condujo en su día a la detención de empresarios, funcionarios y políticos tanto del Gobierno como de la oposición.
El grupo de trabajo ha concluido que la detención fue arbitraria por irregularidades durante el proceso en su contra, comenzando por el hecho de que el día de su arresto, el 29 de junio de 2021, no se presentó debidamente la orden de detención ni se explicaron las razones de la misma.
Rodríguez Sánchez solo pudo comparecer ante un juez para defender su inocencia pasadas dos semanas de la detención, pese a que las normas internacionales de derechos humanos establecen que ese lapso no debe superar las 48 horas.
Posteriormente, prosigue el dictamen del grupo de trabajo, se le aplicó una prisión preventiva de 18 meses antes del juicio, sin que se presentaran argumentos razonables sobre un posible riesgo de fuga.
“Este lapso de tiempo fue no sólo excesivo, sino violatorio de las normas y garantías internacionales contra la detención arbitraria”, señala.
Durante el proceso, los magistrados se negaron a examinar los alegatos relativos a la detención arbitraria, lo cual “también constituyó una violación del derecho de Rodríguez Sánchez a ser oído por un tribunal imparcial”, agrega.
El grupo de trabajo también mostró preocupación por el hecho de que durante el proceso funcionarios del Estado y de la Fiscalía hicieran una serie de declaraciones públicas tratando de desacreditar a Rodríguez Sánchez.
Además, durante los traslados a las dependencias judiciales “fue transportado con fuertes escoltas militares para presentarlo como un criminal peligroso”, lamenta el dictamen.
El grupo de trabajo también denunció que la vida de Rodríguez Sánchez estuvo en peligro durante la detención preventiva en la cárcel de Najayo, desde julio de 2021 hasta enero de este año.
La defensa del exprocurador sostuvo a este respecto que Rodríguez Sánchez estaba rodeado de presos que él investigó o a cuyo encarcelamiento contribuyó, incluidos narcotraficantes, acusados de lavado de dinero o incluso de asesinatos.
En el informe, el grupo de trabajo de la ONU lamentó que el Gobierno de la República Dominicana emitiera una “respuesta tardía” a las alegaciones de la defensa del exprocurador.
Dicha defensa denunció ante el grupo de trabajo numerosas presiones externas contra el exprocurador durante el proceso, desde el asesinato de su escolta a amenazas de muerte a sus familiares y robos en su domicilio.
El exprocurador general había sido acusado por la Fiscalía de dirigir un “entramado de corrupción administrativa” cuando estuvo al frente del Ministerio Público, en la llamada operación ‘Medusa’.
Justicia
En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación
Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.
En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.
El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.
El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.
El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.
Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.
Triple asesinato en Villa Isabela
En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.
El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.
Otros crímenes
Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.
Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.
Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.
Caso Víctor Erarte
Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.
El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.
Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.
El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.
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