Justicia
Girón y pastora Rossy Guzmán asiste an jucio sin abogados
El Primer…
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional prorrogó para el jueves 30 de noviembre de este año el inicio del juicio de fondo contra los acusados, en el expediente de corrupción Operación Coral debido a que cuatro imputados se presentaron sin abogados, entre ellos el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón y también la pastora evangélica Rossy Guzmán.
Las magistradas Gissell Méndez, Jisselle Naranjo y Tania Yunes también dejaron establecido el calendario de audiencias, a partir del 30 de noviembre, el cual será los días martes y jueves, a las 9:00 de la mañana.
El pleno del tribunal decretó el abandono de defensa del acusado Yehudy Blandesmil Guzmán y ordenó sea representado por un defensor público.
En audiencia, el defensor del imputado Kelman Santana y Hacienda Kelman, solicitó al tribunal una reposición de plazo, pedimento al que el Ministerio Público se opuso.
A unanimidad, sobre este pedimento, el pleno del Primer Tribunal Colegiado rechazó la solicitud.
El abogado que representaba a Girón, quien ha admitido los hechos y ha señalado a los demás acusados en la estafa al Estado a través de Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), es Gerardo Polonia.
El abogado Héctor López Rodríguez representaba en la preliminar a Rossy Guzmán y a su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán.
El pasado 10 de julio, el Sexto Juzgado de Instrucción dictó auto de apertura a juicio contra más de 40 personas físicas y jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos y cuyo expediente es encabezado por exjefe del Cusep, el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Según el expediente acusatorio, que consta de más de 3,258 páginas, el entramado de corrupción operó en el Cusep y el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Otros de los que se vinculan al entramado de corrupción, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como los generales de las Fuerzas Aéreas Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD).
Asimismo, el capitán de navío de la Armada, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El Ministerio Público fue representado en la audiencia de este jueves por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; la procuradora de Corte coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, así como los fiscales litigantes Miguel Collado y Jonathan Elias Pérez.
También, el abogado José Alberto Ortiz, quien representa al Estado como querellante en constitución civil en reclamo de indemnización por la estafa contra el erario.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos.
El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta.
El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días.
La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada “de inmediato”.
Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.
Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.
Otras novedades
Uno de los artículos de la iniciativa establece que los propietarios de casas estarán obligados a entregar recibos de pagos cuando reciban los montos de las rentas.
También establece que los gastos legales en torno al contrato de alquiler serán “cubiertos en partes iguales” por el propietario y el inquilino.
En caso de que se acuerde un reajuste en el precio del alquiler, el costo nunca podrá exceder el 10 % del valor de la renta, según consta en el artículo ocho del proyecto.
En el caso de los depósitos, que son pagos anteriores a la renta, la iniciativa establece que los mismos no deberán exceder los dos meses del valor del contrato.
El artículo 22 del documento congresual prohíbe a los propietarios discriminar a posibles inquilinos por su etnia, raza, credo, condición social, la de ser o no ser extranjero u otras formas de discriminación para el alquiler de las viviendas.
El proyecto será conocido a partir del 16 de agosto con las modificaciones necesarias.
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