Justicia
Garantía económica, presentación periódica y tratamiento sicológico para Tekashi
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, Adaias Sánchez Collado de Medina, dispuso garantía económica en contra de Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 69, por la agresión cometida a varios productores musicales en esa localidad.
Asimismo, la magistrada decidió en contra del artista estadounidense presentación periódica, impedimento de salida, garantía económica de RD$ 500 mil pesos, tratamiento psicológico por un tiempo prudente.
La defensa de las victimas habría solicitado 18 meses de prisión preventiva y que fuera enviado a la cárcel 15 de Azua como medida de coerción.
QUERELLA CONTRA TEKASHI
El lunes 17 de este mes fueron depositadas querellas formalmente en contra del artista y solicitada prisión preventiva como medida de coerción.
La defensa del productor Hilario García y Cristian Rojas, estableció que García no podía hablar, considerando que recibió una paliza en la mandíbula, en la cabeza y en la boca.
Según lo informado, el viernes 13, alrededor de las 11:00 de la mañana, el productor musical denunció en la División de Investigación de la Policía Nacional que el hecho ocurrió mientras él se encontraba cerca de la 1:00 de la madrugada de este mismo día en su estudio de grabación, ubicado en la calle Balilo Gómez, de La Vega, grabando un tema con la artista urbana Yailin “La Más Viral”.
De acuerdo a las informaciones, Tekashi habría tenido un “ataque de celos” y le hizo creer a Yailin “la más viral”, su pareja, que se encontraba en Miami cuando en realidad estaba en el país.
Tekashi está siendo procesado por violación a los artículos 265, 266, 307 y 309 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Cristian Anthony Rojas y Nelson Alfonso Hilario García.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos.
El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta.
El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días.
La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada “de inmediato”.
Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.
Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.
Otras novedades
Uno de los artículos de la iniciativa establece que los propietarios de casas estarán obligados a entregar recibos de pagos cuando reciban los montos de las rentas.
También establece que los gastos legales en torno al contrato de alquiler serán “cubiertos en partes iguales” por el propietario y el inquilino.
En caso de que se acuerde un reajuste en el precio del alquiler, el costo nunca podrá exceder el 10 % del valor de la renta, según consta en el artículo ocho del proyecto.
En el caso de los depósitos, que son pagos anteriores a la renta, la iniciativa establece que los mismos no deberán exceder los dos meses del valor del contrato.
El artículo 22 del documento congresual prohíbe a los propietarios discriminar a posibles inquilinos por su etnia, raza, credo, condición social, la de ser o no ser extranjero u otras formas de discriminación para el alquiler de las viviendas.
El proyecto será conocido a partir del 16 de agosto con las modificaciones necesarias.
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