De los acusados en los sonados casos de corrupción, destapados por el Ministerio Público a inicios de la presente gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, muchos ya han cumplido con la prisión preventiva y las nuevas decisiones de la justicia dominicana les permitirá pasar las fiestas navideñas al lado de sus familias en sus casas. Otros tendrán la libertad de moverse en todo el territorio nacional.

A los imputados en las Operaciones Antipulpo, Medusa, Coral y Coral 5G, Calamar y Operación 13, les han sido variadas las medidas inicialmente impuestas por los jueces y juezas del sistema de justicia, al cumplir el tiempo estipulado de coerción en las diferentes cárceles del país.

Antipulpo

Al principal imputado del caso Antipulpo, Juan Alexis Medina Sánchez, la magistrada Yissell Soto del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ordenó el cese de la prisión domiciliaria recientemente, así como el retiro del grillete electrónico.

El hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, mantiene impedimento de salida del país y se le mantuvo la garantía económica de 60 millones de pesos luego de esta variación. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), le acusa de haber creado un entramado societario utilizando tráfico de influencia, al ser hermano del entonces presidente Medina (periodos constitucionales 2012-2016 y 2016-2020), en el que habría incurrido en un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

En este mismo caso que está en la etapa de juicio de fondo, los jueces Luis Omar Jiménez, Teófilo Andújar y Delio Germán, de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ordenaron el pasado mes de noviembre el cese de la prisión domiciliaria a los exfuncionarios Carmen Magalys Medina Sánchez y a Fernando Rosa Rosa, ambos imputados en la supuesta red de corrupción administrativa que estafó al Estado con más de 5,000 millones de pesos.

5,000 millones de pesos
es el monto estimado en la supuesta red de corrupción administrativa del Caso Antipulpo

Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), se declaró culpable después de un acuerdo pleno con el Ministerio Público en enero de este año, tras el conocimiento del juicio penal abreviado dentro de la etapa preliminar del sonado caso.

Pagan fue sentenciado a cinco años de prisión, con tres años suspendidos, por su implicación en el caso, pero por el tiempo transcurrido del proceso en los tribunales, ya está en su casa.

El exfuncionario declaró ante el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, haber obtenido inmuebles, vehículos y dinero en efectivo de manera ilícita, sin embargo, descartó cualquier vínculo con el cabecilla del supuesto entramado corrupto, Alexis Medina Sánchez.

Al igual que Pagan, Juan Esteban Suriel Suazo y Lewin Ariel Castillo negociaron y solo enfrentan prisión suspendida a tres años, casi el tiempo que lleva el caso en los tribunales.

Medusa
Después de haber cumplido 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal señalado en el caso de corrupción contra el Estado Operación Medusa, recibió la prisión domiciliaria por parte del juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción en el mes de enero de este 2023. Siete meses después, Rodríguez fue favorecido para que pueda asistir miércoles y jueves a su oficina de abogado en el Distrito Nacional.

Jean Alain podrá pasar la Navidad con su familia y amigos en su casa. Las medidas actuales son impedimento de salida y también lleva un grillete electrónico en uno de sus pies. El caso Medusa involucra a 41 personas y 22 empresas que se habrían apropiado de más de RD$6,000 millones de los recursos del Estado dominicano.

De este mediatizado caso que está en etapa preliminar, ningún acusado permanece en la cárcel.

Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y Jonathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de ese organismo durante la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, eran los últimos apresados en la cárcel de Najayo-Hombres. A estos imputados le fueron impuesto arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

Coral y Coral 5G
Los fusionados casos de corrupción Coral y Coral 5G están en la fase de juicio de fondo. El Ministerio Público ha presentado acusación de un supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que operó durante los ocho años del gobierno de Danilo Medina para sustraer fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani).

A los principales cabecillas del caso Coral, al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial; al coronel Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán (la Pastora) y al hijo de esta última, Tanner Flete, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria en diciembre de 2022. Tienen impedimento de salida del país y grilletes electrónicos.

Coral 5G
La Corte de Apelación del DN varió en mayo la prisión preventiva por arresto domiciliario, grillete eléctrico y una garantía económica al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, imputado en la supuesta red de corrupción castrense Operación Coral 5G. Torres estuvo 18 meses preso. En Coral y Coral 5G, se acusa a 48 personas, 30 de ellas físicas y 18 jurídicas, por defraudar al Estado con más de 4,000 millones de pesos. Los imputados de Coral 5G, Boanerges Batista, Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón también pasarán la Navidad en sus casas.