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Oposición unificada exige a JCE garantías electorales para elecciones de mayo

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Los partidos que representan la oposición política al actual gobierno en la República Dominicana, se unieron para exigir a la Junta Central Electoral (JCE), adoptar una serie de medidas de garantías electorales que permitan el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio, en un clima democrático, para elegir sus autoridades con las garantías que establece la Constitución.

Mediante documento entregado a la JCE firmado por los candidatos presidenciales, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández; Fuerza del Pueblo; Miguel Vargas Maldonado; del Partido Revolucionario Dominicano, Virginia Antares Rodríguez , de Opción Democrática, Carlos Peña de Generación de Servidores (GENS).

De igual manera, firman el documento, los presidentes del Bloque institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba; del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez; del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, del Partido Socialista Cristiano (PSC), Soraya Aquino.

Delegados ante la JCE de los partidos políticos firmantes y otros dirigentes participaron en la entrega del documento que recibió los integrantes del pleno de la Junta Central Electoral

Los partidos opositores entienden que es una obligación puesta a cargo de la Junta Central Electoral (JCE), garantizar un clima de libertad, transparencia, equidad y objetividad en la contienda electoral, no obstante “estos principios rectores, en lo esencial, estuvieron ausentes en la jornada electoral del pasado 18 de febrero”.

En esa jornada electoral, agregan, “el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y su gobierno, dispusieron del aparato del Estado para vulnerar todas estas normas electorales, de manera descarada y sin el más mínimo rubor”.

Aseguran que se impuso “un resultado electoral municipal manipulado en el que no se permitió que la voluntad popular se expresara libremente en las urnas”.

“Las autoridades electorales permitieron, por omisión, que, mediante el uso abusivo del Poder, y ante la mirada indiferente o cómplice de la Policía Militar Electoral, el partido de gobierno se apoderara de los espacios físicos donde se ejerció el sufragio”.

Se resalta, que “en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), se expresa preocupación por la compra de votos en las elecciones municipales”.

Entre las medidas que la oposición solicita a la JCE, en su condición de organizador y árbitro del proceso electoral, para impedir que repitan las mismas acciones, que ocurrieron en el pasado proceso electoral, y el día de las votaciones, se encuentran:

– En virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor.

– Suspender o reubicar fuera del ámbito electoral al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, por evidenciada parcialidad y complicidad con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el proceso electoral del 18 de febrero.

– Emitir una resolución en la que se regule de forma clara cuál es el procedimiento que se debe seguir para la revisión de votos nulos y observados, así como para el reconteo de votos ya que en los pasados comicios varias Juntas Electorales efectuaron procesos cuestionables.

– Hacer cumplir de inmediato lo dispuesto en el artículo 224, de la ley 20-23, de Régimen Electoral, entregando a los partidos el monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales del gobierno en los años electorales, a más tardar treinta (30) días antes de las elecciones, tal como ha sido la práctica habitual de desembolsar la totalidad de los fondos entre enero y abril en los años electorales. De esta manera, se evita que el gobierno asfixie económicamente a los partidos de oposición mientras utiliza descaradamente los recursos del Estado.

– Reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en parcialidad manifiesta en la administración del proceso electoral de sus respectivas jurisdicciones. 6) La Junta Central Electoral (JCE) debe reasignar en las juntas electorales, a los funcionarios de los colegios electorales, en coordinación con los delegados de los partidos políticos para garantizar la equidad y el equilibrio en su conformación.

– Sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que violentaron los derechos de los delegados y suplentes, e igualmente a aquellos que en los colegios las relaciones de votación (actas de resultados) de ambos niveles de elección presentan serios e inexplicables descuadres entre ambas.

– Adoptar varias medidas cautelares en la que se limite el uso y abuso de los recursos del Estado, como lo prohíbe la ley 20-23 de Régimen Electoral, en sus artículos 209, 210 y 211, prohibiendo la creación de nuevo programas sociales, eliminando todas las vallas del candidato presidencial del PRM que se han colocado en lugares contratados y pagados con fondos de la publicidad gubernamental, entre otras.

– Hacer una campaña más eficaz de motivación del voto. Esta debe ser una campaña publicitaria amplia que de ser posible involucre a figuras del arte, de la cultura, del sector privado, de los deportes, de la música y del espectáculo, lideres religiosos entre otras personalidades que sumen sus voces a ese llamado cívico de votar, entre otras medidas más para el mes de Marzo, en tanto que desde el mes de Abril, entre otras, se solicita:

– La Junta Central Electoral (JCE) debe emitir duplicados de cédulas gratuitas desde el primero de abril hasta las 6:00 p.m. del sábado 18 de mayo con la finalidad de dificultar la compra de cédulas.

– Garantizar que previo a desdoblar las boletas del nivel presidencial para ser contadas, se verificará la cantidad de boletas que hay en cada una de las urnas, presidencial, Senadores y Diputados, las cuales deben coincidir en los 3 casos con la cantidad de electores que aparecen registrados con sus firmas respectivas en el padrón de electores del colegio electoral. Dónde haya diferencia con la cantidad de electores que figuran en el padrón como votantes, se procede a lo previsto en estos casos.

– La Junta Central Electoral (JCE) debe hacer una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral.

– Para el mes de mayo, entre otras medidas que solicita que los policías y militares que no estén al servicio de la Policía Electoral, estén acuartelados en sus respectivas instituciones por lo menos 24 o 48 horas antes del día de las elecciones.

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Politica

Una reforma fiscal no se debe politizar ni resistir ni desbocar

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República Dominicana necesita de un Pacto Fiscal que ha de incluir una reforma en el sistema tributario como forma de garantizar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del país, con el equilibrio de las finanzas públicas.

En ese sentido, aunque reconoce que toda reforma fiscal se torna impopular, el exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, considera que la propuesta “no se debe politizar, no debe tener resistencia ni tampoco se debe desbocar”.

Caram, quien también fue secretario técnico de la Presidencia (hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo), dijo que lo que idean es promover una reforma fiscal en el momento en que las fuerzas políticas y económicas pueden hacerlo “y no esperar a que nos la impongan desde afuera”, como ocurre cuando hay una situación de crisis.

Entrevistado en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión, el ingeniero abogó por una revisión de las exenciones fiscales o gasto tributario, pero tomando en cuenta la importancia de que se mantengan en los sectores económicos que así lo requieren.

En cuanto al impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), el consultor económico dijo que lo ideal es generalizar su aplicación con una tasa reducida, por ejemplo, bajarla de 18% a 10%, pero aplicándola a todos los sectores.

Puso de ejemplo que hay productos que están exentos del ITBIS, como el arroz, “pero resulta que la funda en la que lo empacan está gravada con ITBIS, otros procesos de la cadena de producción de ese alimento también”, por lo que al final el consumidor termina pagando ese gravamen aun en productos que se supone están exentos.

El también dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) pidió a las organizaciones políticas de la oposición, aceptar la propuesta de consenso que ha hecho el presidente Luis Abinader en procura de que sea una reforma consensuada, que abarque no solo lo relativo al ingreso, sino, además, al gasto público, al control del déficit y a la eficiencia del Estado.

Agregó que un Pacto Fiscal debe ir acompañado de una reforma tributaria y de los cambios necesarios a normativas como la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo, porque incluyen aspectos de costos para las empresas que también se deben revisar como forma de hacer más eficiente la creación de empleos y la producción de bienes y servicios que ayuden al crecimiento económico sostenido.

Fuente: Eldinero.com.do

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