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Transcore Latam fue inhabilitada para ser proveedora del Estado

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El Registro de Proveedor del Estado (RPE) de Transcore Latam S.R.L., empresa a la que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adjudicó un contrato de 1,317 millones de pesos para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, fue suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Mediante la Resolución Ref. RIC-179-2023 se dictó la inhabilitación contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., por presentación de documentación falsa o alterada, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN¬2023-0001.

A partir de la fecha esta empresa no podrá contratar con ninguna de las instituciones amparadas dentro del ámbito de la aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.

El órgano rector de las compras y contrataciones emitió la última decisión sobre la investigación del caso y, al ofrecer la información Carlos Pimentel, director de la DGCP, explicó que esa inhabilitación permanente obedece a las evidencias concretas encontradas de adulteración y falsificación de documentos para participar en la licitación.

  • “Eso queda claramente demostrado y lo que corresponde por ser una falta grave es la inhabilitación permanente. Además, se le aplicaría el artículo 14 de la Ley 340-06 que establece que las empresas que participan en un proceso con documentación falsa adulterada o fraudulenta anulan el contrato”, indicó.
  • Pimentel dijo que con esta decisión la DGCP concluye su proceso de investigación que será puesto completamente en las manos del Ministerio Público, de Pro Competencia y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pues reveló que “se detectaron algunas inconsistencias impositivas de la empresa en el proceso que entendemos que es importante se investiguen.”
  • “En todas las investigaciones que hacemos en la DGCP actuamos hasta los límites de nuestra competencia, pero si vemos que están en los límites de competencia de otra institución, pues los remitimos a esa institución para que proceda”, agregó.
  • Pimentel expresó que se notificará a la Procuraduría General de la República esta última decisión y se mostró en la disposición de colaborar con el Ministerio Público “para cualquier precisión, aclaración o sí entendemos que hay indicios de responsabilidad penal en  lo que fue el caso interno.”
  • Se comprobaron falsificaciones
  • De acuerdo al expediente de la Resolución emitida por la DGCP, dentro de los hallazgos de falsedad, está la presentación de una certificación para avalar su experiencia en “soluciones tecnológicas para sistemas de peajes y tags”, y no a sistemas semafóricos como indica el objeto de contratación de la licitación denunciada.
  • También la documentación presentada se refiere a “Transcore” y no a “Transcore Latam, S.R.L.”. Además de que el tiempo indicado en la certificación (3 años) no coincide con el que tiene la adjudicataria de constituida, que, al momento de la convocatoria a licitación, solo eran 7 meses.
  • Igualmente, se observó alteración de información en la declaración jurada presentada por la empresa adjudicataria y uso de copia de la firma del señor Michael Mauritz, vicepresidente de Transcore LP, sin previa autorización.
  • “Las explicaciones de la adjudicataria, sus medios de defensa fueron valorados y fueron contemplados en la decisión que se firmó en el día de hoy (este martes) desde otro punto de vista y así está plasmado en la resolución. Y no, no tienen méritos los medios de defensa que ellos plantearon con relación a la falsificación. Cómo las adulteraciones de documentos presentan algunas evidencias que no entendemos, que no tienen ni soportan la denuncia como tal”, indicó Pimentel.
  • Contraloría audita
  • La Contraloría General de la República realiza una auditoría a la instalación de los semáforos y cámaras en las intersecciones para determinar el nivel de ejecución del contrato.
  • Se recuerda que el director del Centro de Control de Tránsito del Intrant, Samuel Baquero, certificó en una carta enviada a Hugo Beras, director de la institución, que el contrato se había ejecutado en un 65 % comprometiendo  863,460,504.20 pesos.
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