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Justicia

DeKolor SRL, vinculada a Jochy Gómez, la cual está dando color a las investigaciones

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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) denunció este lunes las “irregularidades graves” en la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, que fue ganada por la empresa Transcore Latam, SRL.

Esta denuncia fue realizada por el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien también afirmó que durante el proceso de investigación se encontró un acta de gerencia de este año, en la que se incluyó como “fiador solidario invisible” a la empresa DeKolor SRL.

Igualmente, la referida compañía también aparece en facilidad crediticia tomada por Transcore Latam, con una entidad financiera de RD$ 120 millones, como la gestionada para el proceso de contratación.

Pimentel también aseguró que DeKolor SRL está relacionada con José Ángel Gómez Canaan, conocido como “Jochy Gómez”, y su empresa OML Inversiones con quien ha compartido acciones a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña.

¿QUIÉN ES JOCHY GÓMEZ?

Jochy Gómez es hijo del periodista Guillermo Gómez, reconocido por conducir el programa de televisión “Aeromundo”.

Asimismo, Jochy Gómez fue acusado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, como cómplice en el supuesto fraude cometido en los equipos de voto automatizado utilizados en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la que Gonzalo Castillo fue declarado ganador por encima de Leonel Fernández.

Maldonado dijo que “todos sabían quién era Jochy Gómez y a qué se dedicaba”.

Además, en el año 2012, fue investigado por presuntamente hackear a 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios del Gobierno de ese entonces.

Similarmente fue señalado como el responsable de espiar correos de varios ministros y personalidades del ámbito empresarial de la época, así como de haber tenido acceso a correos de la exprimera dama, Margarita Cedeño

Por estas acusaciones, en febrero de 2012, fueron allanadas varias propiedades y oficinas de su padre, de donde agentes incautaron equipos electrónicos en busca de evidencias que lo vincularan con el supuesto ilícito.

Luego, en julio del mismo año, Jochy Gómez fue apresado por el presunto vínculo a robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correos electrónicos en perjuicio de distintas personalidades.

En esa ocasión le fueron dictados tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a ser cumplidos en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.

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Fue dejado en libertad bajo fianza un mes después.

Luego de un año, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción de Distrito Nacional decidió extinguir la acción penal contra el imputado, debido al retiro de 23 supuestas víctimas así como la falta de calidad de uno de los querellantes.

¿QUÉ HACE DEKOLOR?

“El equipo ejecutivo de DeKolor cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software para aplicaciones de identidad en el ámbito civil y gubernamental”, así lee un fragmento de una publicación colgada en la página web de la referida empresa.

En ese mismo sitio web aseguran ofrecer servicios en sistemas de identificación, administración de documentos, tecnología biométrica, integración de sistemas de identidad, gestión de sistemas de tráfico y soluciones móviles.

Además, afirmaron que entre las entidades e instituciones que han contratado sus servicios, además del Intrant, están los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de Interior y Policía, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

MINISTERIO PÚBLICO
En la rueda de prensa Pimentel también indicó que se decidió remitir el caso al Ministerio Público luego de haber suspendido temporalmente el contrato y analizado dos denuncias contra la licitación.

Pimentel explicó que, tras haber analizado los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento, se constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.

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Justicia

En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación

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Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.

El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.

Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.

Triple asesinato en Villa Isabela

En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.

El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otros crímenes

Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.

Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.

Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.

Caso Víctor Erarte

Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.

El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.

Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.

El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.

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