Por: Haivanjoe Ng Cortiña

Economista y escritor

   El resultado deficitario recurrente en las finanzas públicas dominicanas es señal de baja eficiencia, al gastar más de lo que le ingresa al gobierno o el fisco recauda menos de lo que puede y menos de que tiene que gastar. Si fuéramos a evaluar la gestión gubernamental por lo que gasta en publicidad, también está muy lejos de ser eficiente, le cabe el calificativo de derrochador de los recursos públicos, habida cuenta de que al gobierno nadie le compra, porque su naturaleza no es vender, su competencia es ofrecer servicios y bienes públicos para beneficio de la colectividad o grupos focales vulnerables.  

   Gastar dinero público en publicidad a favor de una compaña en educación ciudadana ante pandemias, de prevención, posibles catástrofes naturales, informar acerca de eventos puntuales relevantes, serian de las actividades publicitarias que pueden encontrar justificación, fuera de esos tipos de situaciones, lo que se procura es un retorno de ganancias políticas o elevar a alguien a la divinidad, que equivale a endiosar a determinados funcionarios públicos con propósitos continuistas o de proyección.

   Esta opinión no procura auscultar acerca de la condición del gobierno como cliente de los medios de comunicación, especialmente porque la contabilidad pública es limitada o al menos no se dispone de información pública y otras entidades no ofrecen datos sobre los mecanismos de adjudicación, de los recursos financieros que destinan los distintos capítulos del presupuesto nacional en forma desagregada, además, cuántos recursos reciben los medios de comunicación y si efectivamente la publicidad es pasada conforme a los términos de la contratación, todo ello en un ambiente de medir también, el estado de la libertad de expresión en dominicana, no solo porque puede crear dependencia, sino, por aquello de los conflictos de intereses.

   La libertad de expresión puede ser afectada de muchas maneras, desde posturas extremas como el cierre de programas de radio o televisión, hasta acciones sutiles, sofisticadas, que limitan y en ocasiones, impiden la comunicación y circulación de ideas y opiniones, como una forma de guerra blanda. Me contó recientemente un ex senador de la provincia Valverde, que antes lo invitaban a programas de la provincia y que ahora para la campaña del 2024 no hay espacio disponible para participar.

   Me permito citar la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos, que en su articulo 13 dice lo siguiente; “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”

La cita viene al caso, porque al 26 de abril de 2024, el gasto en publicidad del gobierno ascendía a RD$ 3,065 millones, que equivales a gastar RD$ 35.64 millones al día. La cifra pasa desapercibida para muchos, a pesar del elevado monto, que supera con creces el gasto publicitario para similar periodo del 2023, que fue de RD$ 492.0 millones.

   El gasto gubernamental en publicidad, al ponerlo en contraste con el gasto en productos farmacéuticos destinados a los pacientes de la red de hospitales públicos que fue apenas de RD$ 1,544 millones (a abril 2024), es sencillamente aberrante; de manera que, un país con malos indicadores en salud, la publicidad gubernamental es más importante que comprar medicamentos para los pobres. Entre el gasto en publicidad y el gasto de RD$ 2,060 millones en combustibles para mover los vehículos de motor de las instituciones y el periodo electoral que vive el país, es solo pura coincidencia.

El dato ofrecido en el párrafo anterior no resulta una conducta de gasto público en publicidad aislado, es una postura que se ha fortalecido, especialmente en los últimos dos años, mientras en el año 2011 la publicidad gubernamental era fue de RD$ 2,260 millones, 8 años después, en el 2019 ascendió a RD$ 5,722 millones -para un incremento equivalente a RD$ 3,462 millones-; en cambio, para el 2023 se elevó a RD$ 8,775 millones, para un aumento de RD$ 3,053 millones, lo que equivale a decir que ese tipo de gasto solo necesitó la mitad del tiempo para superar el monto del 2019.

   Para el lector que pueda estar pensando que esos montos no tienen mucha validez, porque están referidos a valores nominales, esta opinión se sumaría; pero resulta, que, al convertirlo a dólares estadounidenses, acontece lo propio, en cuanto al comportamiento creciente del gasto público en publicidad. Para el año 2011 el gasto gubernamental publicitario fue de US$ 60.2 millones, en el 2019 de 113.2 millones y en el 2023 de US$ 158.0 millones, el más alto de la historia de las finanzas públicas contemporánea. Al agregársele lo que va del 2024, la contabilidad presupuestaria no se queda atrás, al registrar US$ 52.4 millones, dato que permite proyectar que al cierre del año ascenderá a no menos de US$ 157 millones.

   El gasto público en publicidad hoy día se puede decir que es utilizado como una forma de guerra blanda, en la que la confrontación adquiere otras características, que conducen a crear percepciones, influir en la libertad de expresión, sin necesidad de acudir a métodos de fuerte confrontación, esta situación está llevando a los partidos de la oposición a una competencia desigual, siendo víctimas sin sangre, pero acosta de una menor calidad para la democracia, de manera paralela, se pretende inducir a la abstención para favorecer a quienes manejan el presupuesto nacional.

Por: Haivanjoe Ng Cortiñas

Economista y escritor