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Justicia

MP despliega Operación Gaviota contra Investor Winner por fraude de RD$3,000 millones en inversiones

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MP despliega Operación Gaviota contra Investor Winner por fraude de RD,000 millones en inversiones

El Ministerio Público informó este miércoles que puso en marcha la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.

Un comunicado de prensa señala que en los allanamientos se apresaron a ocho personas en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.

El Ministerio Público indicó que la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos de su inversión, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.

“Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores”, precisó el órgano acusador.

¿Cómo operaban?
El Ministerio Público explicó que las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker (entidad que organiza las operaciones en los mercados bursátiles entre un comprador y un vendedor), ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.

“Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales”, precisó.

Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.

Intentaron ocultar rastros
De este caso, varios afectados hicieron denuncias mediante redes sociales y medios de comunicación. Algunos incluso se manifestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República pidiendo la intervención de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.

Una vez descubiertos, los cabezas intentaron evadir la persecución de las autoridades.

“Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país”, puntualizó el Ministerio Público.
Numerosas querellas
El Ministerio Público dijo que tiene en la actualidad numerosas querellas, “pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional”.

“Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron su casa y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner”, indica el Ministerio Público.

Las autoridades indican además, que muchos de los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15 % de lo captado.

“El Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y una parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores”.

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Justicia

Aprueban proyecto de ley que permitiría desalojar a inquilinos que no paguen

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Aprueban proyecto de ley que permitiría desalojar a inquilinos que no paguen

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos.

El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta.

El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días.

La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada “de inmediato”.

Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.

Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.

Otras novedades
Uno de los artículos de la iniciativa establece que los propietarios de casas estarán obligados a entregar recibos de pagos cuando reciban los montos de las rentas.

También establece que los gastos legales en torno al contrato de alquiler serán “cubiertos en partes iguales” por el propietario y el inquilino.

En caso de que se acuerde un reajuste en el precio del alquiler, el costo nunca podrá exceder el 10 % del valor de la renta, según consta en el artículo ocho del proyecto.

En el caso de los depósitos, que son pagos anteriores a la renta, la iniciativa establece que los mismos no deberán exceder los dos meses del valor del contrato.

El artículo 22 del documento congresual prohíbe a los propietarios discriminar a posibles inquilinos por su etnia, raza, credo, condición social, la de ser o no ser extranjero u otras formas de discriminación para el alquiler de las viviendas.

El proyecto será conocido a partir del 16 de agosto con las modificaciones necesarias.

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