Justicia
Presentan acusación formal contra 46 personas acusadas de corrupción
El procurador adjunto Wilson Camacho informó que el Ministerio Público presentó acusación formal contra 46 personas vinculadas a hechos de corrupción administrativa enfrentados con la Operación Calamar, cuyo expediente involucra a los ex ministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
“En el día de ayer (jueves) presentamos la acusación de Operación Calamar. Estamos hablando de un escrito de unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas”, detalló el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Destacó que el expediente está sustentado con más de 2,000 medios de prueba, “lo que servirá, sin lugar a dudas, para que, en el momento que se conozca este proceso, se produzca una apertura a juicio para que nosotros podamos, en nombre de toda la sociedad, procurar ante los jueces las sanciones correspondientes para estas 46 personas acusadas”.
Recordó que en la audiencia de medida de coerción el Ministerio Público imputó a 20 personas.
“Como hemos dicho, en la acusación hay 46 personas acusadas, por lo que hay un aumento de 26 personas, y esos detalles se irán conociendo en la medida en que el tribunal notifique la acusación a las partes y continúe en consecuencia el conocimiento del proceso”, dijo.
La acusación de la Operación Calamar fue depositada en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Camacho ofreció la información en momentos en que salía de una audiencia del expediente de la Operación Medusa, en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, Distrito Nacional.
En el expediente de la Operación Calamar, el órgano persecutor acusa al grupo de sustraer al Estado más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Entre los acusados en el entramado de corrupción figura, además de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, ex ministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.
También, Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos.
El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta.
El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días.
La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada “de inmediato”.
Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.
Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.
Otras novedades
Uno de los artículos de la iniciativa establece que los propietarios de casas estarán obligados a entregar recibos de pagos cuando reciban los montos de las rentas.
También establece que los gastos legales en torno al contrato de alquiler serán “cubiertos en partes iguales” por el propietario y el inquilino.
En caso de que se acuerde un reajuste en el precio del alquiler, el costo nunca podrá exceder el 10 % del valor de la renta, según consta en el artículo ocho del proyecto.
En el caso de los depósitos, que son pagos anteriores a la renta, la iniciativa establece que los mismos no deberán exceder los dos meses del valor del contrato.
El artículo 22 del documento congresual prohíbe a los propietarios discriminar a posibles inquilinos por su etnia, raza, credo, condición social, la de ser o no ser extranjero u otras formas de discriminación para el alquiler de las viviendas.
El proyecto será conocido a partir del 16 de agosto con las modificaciones necesarias.
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