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Justicia

Abogados de José Ramón Peralta afirman prisión es arbitraria

El equipo…

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El equipo de defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, insisten en que el exfuncionario guarda prisión de manera arbitraria, sin que lo haya visto un juez desde hace siete meses y a pesar de que la acusación en su contra no ha sido bien fundamentada.

Demandaron el cese de su prisión y la acusación en su contra, alegando que el delator que lo señala, Bolívar Ventura, cambió su versión de inicio, de cuando era imputado también en el caso de corrupción Calamar.

En rueda de prensa, los tres togados, sostienen que en el 2021 el delator no mencionó a Peralta y lo hace ya como colaborador del Ministerio Público, en el 2022.

Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodriguez explicaron que el 27 de noviembre de 2021 Ventura afirmó haber entregado 527 millones 634 mil 838 pesos a los señores Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, en un apartamento en Plantini sin que en ninguna parte de ese interrogatorio mencionara al exfuncionario. 

Trece meses después, cuando Ventura “estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público, “cambia totalmente su versión“, al señalar haber entregado la misma cantidad de dinero, con soporte en los mismos cheques por los mismos montos, pero esta vez sus destinatarios y el lugar de entrega eran distintos, expusieron.

Según la acusación que hace la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el dinero entregado supuestamente era para soborno a fin del empresario de la  constructores ser beneficiado con el pago de deudas de hasta 10 años que tenía el Estado con él. Los recursos pagados en “sobornos” serían parte de los “fondos para las elecciones internas del año dos mil diecinueve (2019)” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, son cambiados por otros actores, donde incluyen a José Ramón Peralta Fernández, afirman los abogados.

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“Y el apartamento de Piantini donde dijo haber entregado el dinero 13 meses antes es  cambiado por una Oficina Politica en Bella Vista”, sostienen. 

Los letrados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodriguez aseguran que ” esa contradicción deja preguntas imposibles de responder y actuaciones imposibles de justificar”.

Peralta es uno de los principles acusados en Operación Calamar por soborno para financiar la campña política del 2020 y por el pago irregular de terrenos declarados de utilidad pública por el Estado. 

Es el único que permanece detenido por el caso en el que se habría estafado al Estado con 19,000 millones de pesos.

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Infografía
Los abogados Emery Rodríguez, Santiago Rodríguez y Pedro Balbuena, abogados de José Ramón Peralta. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a quien se le dictó la prisión por 18 meses como medida preventiva, se le varió la coerción la pasada semana por presentación periódica y el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos.

A los otros 18 acusados en el caso se les impuso arresto domiciliario, entre ellos al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

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No pueden afirmar que acusación es política

Los abogados dijeron que no pueden especular y afirmar que el caso contra Peralta obedece a un interés político, pero sí insistieron en la contradicción y en la intención de incluir al exministro Administrativo en el expediente Calamar.

Sobre la revisión a la prisión sostienen que esperan que la jueza de instrucción ponga la fecha de audiencia.

Se recuerda que la magistrada del Segundo Juzgado de Instrucción, Patricia Padilla, revisó la prisión preventiva contra el detenido de manera administrativa, sin desarrollar audiencia y citar  a las partes y fue sustituida en el conocimiento de su acusación.

Tras la decisión de la corte, que acogió la recusación contra Padilla, se designó a la jueza jueza Ana Lee Florimón.

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Justicia

En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación

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Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.

El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.

Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.

Triple asesinato en Villa Isabela

En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.

El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otros crímenes

Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.

Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.

Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.

Caso Víctor Erarte

Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.

El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.

Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.

El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.

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