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Justicia

Jean Alain califica de “abuso” incautación de bienes adquiridos fuera del proceso de investigación

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Jean Alain califica de “abuso” incautación de bienes adquiridos fuera del proceso de investigación

El exprocurador de la República, Jean Alain Rodriguez, principal implicado en el caso de corrupción administrativa denominado Operación Medusa, tildó de “abuso” la incautación de bienes adquiridos de forma ilícita y fuera del período de la investigación en su contra.

Durante la continuación de la audiencia de juicio preliminar de dicho caso, manifestó que la Procuraduria Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) decomisaron bienes e inmuebles adquiridos previo a su gestión como Procurador, que es el periodo investigado.

Asimismo, expresó que él esta de acuerdo con la investigación de los orígenes, licitos o no, de cualquier funcionario, “pero esto debe de hacerse siempre con el respeto al debido proceso”.

Alegó que esto es debido a la participación de personas “subjetivas” en la investigación, que permiten que se cometan actos contra la democracia.

“Incautar propiedades por supuesto origen ilicitos en torno a un periodo 2016-2020, cuando las propiedades provienen del 2002, 2006, 2009, 2010, 2012 2014…”, puntualiazó.

Comentó que dentro de estos inmuebles decomisados se encuentra su primera vivienda la cual fue pagada en el 2002, al igual que una oficina que adquirió en 2009.

“Esto es peligroso magistrado, porque permitir que eso continúe entorno a mi es permitir que eso continúe entorno a los actuales funcionarios que están ahí”, comentó.

Asimismo, expresó que las pruebas de la adquisición de esos inmuebles están y que estas no mienten, pero una acusación si puede mentir.

Anular orden de incautación
Respecto a la presunta retención ilegal de los bienes e inmuebles del exprocurador, los miembros de su barra de defensa sometieron ante el tribunal varios incidentes este martes, explicando el origen de las propiedades y solicitando la anulación de las ordenes de incautaciones en su contra.

De acuerdo con Nelys Rivas, abogada de Rodríguez, alrededor de ocho propiedades fueron decomisadas, las cuales fueron adquiridas previo a la gestión de su defendido por lo que violentan sus derechos de propiedad.

“Fue una forma muy irresponsable por parte del órgano persecutor proceder a solicitar incautación de los mismos, por lo que entendemos que el tribunal va a tomar la decisión de devolver esos bienes que están fuera de la línea de investigación del Ministerio Público, que es durante la gestión de Rodríguez (2016-2020)”, comentó.

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Justicia

Aprueban proyecto de ley que permitiría desalojar a inquilinos que no paguen

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Aprueban proyecto de ley que permitiría desalojar a inquilinos que no paguen

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos.

El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta.

El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días.

La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada “de inmediato”.

Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.

Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.

Otras novedades
Uno de los artículos de la iniciativa establece que los propietarios de casas estarán obligados a entregar recibos de pagos cuando reciban los montos de las rentas.

También establece que los gastos legales en torno al contrato de alquiler serán “cubiertos en partes iguales” por el propietario y el inquilino.

En caso de que se acuerde un reajuste en el precio del alquiler, el costo nunca podrá exceder el 10 % del valor de la renta, según consta en el artículo ocho del proyecto.

En el caso de los depósitos, que son pagos anteriores a la renta, la iniciativa establece que los mismos no deberán exceder los dos meses del valor del contrato.

El artículo 22 del documento congresual prohíbe a los propietarios discriminar a posibles inquilinos por su etnia, raza, credo, condición social, la de ser o no ser extranjero u otras formas de discriminación para el alquiler de las viviendas.

El proyecto será conocido a partir del 16 de agosto con las modificaciones necesarias.

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