Justicia
Ministerio Público apresa empresario por fraude a Edeeste valorado en 83 millones de pesos
El Ministerio Público puso bajo arresto al empresario, Regino Martin Aza Ovalle propietario de “Agua Purificada Luz” tras ser acusado de fraude eléctrico contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
Tras una orden de allanamiento ejecutada por la procuradora fiscal, Angela Guillén, se comprobó la existencia de conexiones ilegales consistentes en línea directa en media tensión para siete transformadores, 4 de 100KVA y 3 de 167KVA cada uno, con un consumo en MT de 53.9 AMP.
En virtud del fraude encontrado, los técnicos de Edeeste procedieron a desmantelar el servicio de la purificadora de agua, el pasado 28 de febrero; comprobando que cuatro días más tarde el acusado se había vuelto a reconectar de forma ilícita.
Ante la reincidencia del imputado, fue emita una orden de arresto por el magistrado Rigoberto Sena Ferreras, juez del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La orden fue ejecutada por la magistrada Martha Idalia Florentino, quien además presentó una solicitud de medida de coerción, amparada en la ley general de electricidad No.125 la cual prevé que será acusado de fraude eléctrico quien intencionalmente sustraiga o se apropie de energía eléctrica sin un contrato previo con la empresa distribuidora.
Según el documento de la medida de coerción, el monto de la energía sustraída por la empresa Agua Purificada Luz, asciende a 8,993,635.86 KWH, 6,880.50 de potencia y un monto a pagar de RD$83,020,959.13.
Los técnicos de Edeeste explicaron que la capacidad instalada por el señor Regino Aza, era mucho mayor a la carga levantada en la purificadora, por lo que se investiga que otras acciones delictivas podría estar haciendo con toda esa energía.
La capacidad instalada de la purificadora ascendía a 901 KVA, lo cual podría alimentar más de 600 viviendas de un sector.
El procurador adjunto Wilson Camacho informó que el Ministerio Público presentó acusación formal contra 46 personas vinculadas a hechos de corrupción administrativa enfrentados con la Operación Calamar, cuyo expediente involucra a los ex ministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
“En el día de ayer (jueves) presentamos la acusación de Operación Calamar. Estamos hablando de un escrito de unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas”, detalló el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Destacó que el expediente está sustentado con más de 2,000 medios de prueba, “lo que servirá, sin lugar a dudas, para que, en el momento que se conozca este proceso, se produzca una apertura a juicio para que nosotros podamos, en nombre de toda la sociedad, procurar ante los jueces las sanciones correspondientes para estas 46 personas acusadas”.
Recordó que en la audiencia de medida de coerción el Ministerio Público imputó a 20 personas.
“Como hemos dicho, en la acusación hay 46 personas acusadas, por lo que hay un aumento de 26 personas, y esos detalles se irán conociendo en la medida en que el tribunal notifique la acusación a las partes y continúe en consecuencia el conocimiento del proceso”, dijo.
La acusación de la Operación Calamar fue depositada en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Camacho ofreció la información en momentos en que salía de una audiencia del expediente de la Operación Medusa, en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, Distrito Nacional.
En el expediente de la Operación Calamar, el órgano persecutor acusa al grupo de sustraer al Estado más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Entre los acusados en el entramado de corrupción figura, además de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, ex ministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.
También, Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
Presentan acusación formal contra 46 personas acusadas de corrupción
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