Justicia
Ministerio Público apresa empresario por fraude a Edeeste valorado en 83 millones de pesos
El Ministerio Público puso bajo arresto al empresario, Regino Martin Aza Ovalle propietario de “Agua Purificada Luz” tras ser acusado de fraude eléctrico contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
Tras una orden de allanamiento ejecutada por la procuradora fiscal, Angela Guillén, se comprobó la existencia de conexiones ilegales consistentes en línea directa en media tensión para siete transformadores, 4 de 100KVA y 3 de 167KVA cada uno, con un consumo en MT de 53.9 AMP.
En virtud del fraude encontrado, los técnicos de Edeeste procedieron a desmantelar el servicio de la purificadora de agua, el pasado 28 de febrero; comprobando que cuatro días más tarde el acusado se había vuelto a reconectar de forma ilícita.
Ante la reincidencia del imputado, fue emita una orden de arresto por el magistrado Rigoberto Sena Ferreras, juez del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La orden fue ejecutada por la magistrada Martha Idalia Florentino, quien además presentó una solicitud de medida de coerción, amparada en la ley general de electricidad No.125 la cual prevé que será acusado de fraude eléctrico quien intencionalmente sustraiga o se apropie de energía eléctrica sin un contrato previo con la empresa distribuidora.
Según el documento de la medida de coerción, el monto de la energía sustraída por la empresa Agua Purificada Luz, asciende a 8,993,635.86 KWH, 6,880.50 de potencia y un monto a pagar de RD$83,020,959.13.
Los técnicos de Edeeste explicaron que la capacidad instalada por el señor Regino Aza, era mucho mayor a la carga levantada en la purificadora, por lo que se investiga que otras acciones delictivas podría estar haciendo con toda esa energía.
La capacidad instalada de la purificadora ascendía a 901 KVA, lo cual podría alimentar más de 600 viviendas de un sector.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos.
El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta.
El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días.
La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada “de inmediato”.
Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.
Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.
Otras novedades
Uno de los artículos de la iniciativa establece que los propietarios de casas estarán obligados a entregar recibos de pagos cuando reciban los montos de las rentas.
También establece que los gastos legales en torno al contrato de alquiler serán “cubiertos en partes iguales” por el propietario y el inquilino.
En caso de que se acuerde un reajuste en el precio del alquiler, el costo nunca podrá exceder el 10 % del valor de la renta, según consta en el artículo ocho del proyecto.
En el caso de los depósitos, que son pagos anteriores a la renta, la iniciativa establece que los mismos no deberán exceder los dos meses del valor del contrato.
El artículo 22 del documento congresual prohíbe a los propietarios discriminar a posibles inquilinos por su etnia, raza, credo, condición social, la de ser o no ser extranjero u otras formas de discriminación para el alquiler de las viviendas.
El proyecto será conocido a partir del 16 de agosto con las modificaciones necesarias.
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