Justicia
Piden investigar acoso a jueza del caso Calamar
El coordinador de Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, llamó a la Suprema Corte de Justicia a iniciar una investigación ante la denuncia de acoso realizada por la jueza Ana Lee Florimón, quien fue apoderada para el control de las investigaciones del caso Calamar y que luego fue recusada por el Ministerio Público.
‘’Como esta mujer está sometida a una situación de acoso insoportable, porque ella está en el proceso de instrucción de un expediente’’ indicó
Martínez Pozo consideró que el órgano de justicia no debe tomar a la ligera la situación que busca desacreditar a la magistrada debido a que actualmente ‘’estamos en la judicialización de la política’’.
‘’Cuál es la situación acoso permanente, intento de descrédito porque ella tiene que hacer lo que algunos entienden que hay que hacer y acuérdense que estamos en la judicialización de la política . Cuál será la reacción de la Suprema Corte de Justicia de esta juez, esperar que le fabriquen un expediente para llevar a la SPJ, hay una especie de justicia en ese ambiente’’, indicó.
Agregó que la Suprema Corte debe profundizar en cuanto a esta denuncia y no hacerse de la vista gorda, ya que es un tema muy serio.
‘’Vamos a ver si está hablando tontería, vamos a ver si los niños de ella están hablando mentira, si no es una situación de acoso incontrolable, entonces cuál es la reacción frente a eso’’, puntualizó.
Recusación
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional informó que acogió los argumentos planteados por el Ministerio Público al recusar a la jueza Ana Lee Florimón en el proceso de instrucción en la Operación Calamar.
El Ministerio Público argumentó en su recusación que la jueza titular de la Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional en funciones de Juez suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción actuó con discrecionalidad excesiva, contrario al debido proceso y de forma reprochable y censurable, alegatos que algunos abogados de la defensa intentaron rebatir con una escena histriónica frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos.
El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta.
El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días.
La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada “de inmediato”.
Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.
Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.
Otras novedades
Uno de los artículos de la iniciativa establece que los propietarios de casas estarán obligados a entregar recibos de pagos cuando reciban los montos de las rentas.
También establece que los gastos legales en torno al contrato de alquiler serán “cubiertos en partes iguales” por el propietario y el inquilino.
En caso de que se acuerde un reajuste en el precio del alquiler, el costo nunca podrá exceder el 10 % del valor de la renta, según consta en el artículo ocho del proyecto.
En el caso de los depósitos, que son pagos anteriores a la renta, la iniciativa establece que los mismos no deberán exceder los dos meses del valor del contrato.
El artículo 22 del documento congresual prohíbe a los propietarios discriminar a posibles inquilinos por su etnia, raza, credo, condición social, la de ser o no ser extranjero u otras formas de discriminación para el alquiler de las viviendas.
El proyecto será conocido a partir del 16 de agosto con las modificaciones necesarias.
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