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Justicia

Abogado Carlos Salcedo dice acuerdos no son definitivos en caso Antipulpo

Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina, aseguró que los acuerdos a que arribaron el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán y otros tres imputados en Operación Antipulpo no afectan a su cliente ni a ninguna de las otras partes del caso de corrupción. Salcedo dijo también que hasta el 7 de febrero, cuando se fallará el fondo de la […]

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Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina, aseguró que los acuerdos a que arribaron el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe)Francisco Pagán y otros tres imputados en Operación Antipulpo no afectan a su cliente ni a ninguna de las otras partes del caso de corrupción.

Salcedo dijo también que hasta el 7 de febrerocuando se fallará el fondo de la etapa preliminar, no se sabrá si el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, acoge o no los arreglos del Ministerio Público con los encartados.

«“Todavía no es definitivo el acuerdo. El acuerdo es como su nombre lo indica una solucion alternativa que ha encontrado el Ministerio Público con los acusados pero eso no obliga al juez, el juez va a ver si ahí, primero, se respetaron derechos en el acuerdo, si se violaron o no, si eso se corresponde con lo que establece la norma, el Código Procesal Penal, y la Constitución”»Carlos SalcedoAbogado de Alexis Medina“

Explicó que cuando se presentaron los pactos plenos por juicio penal abreviado en audiencia, el magistrado lo que hizo fue dar constancia de su existencia, pero prorrogó la decisión para darla conjuntamente con el fondo de la audiencia preliminar.

El juez Deiby Timoteo Peguero debe verificar que se cumplieron con los procedimientos y las normas procesales para admitirlos y si encuentra evidencias de tipos penales relevantes que comprometa aún más a los cuatro que admitieron su responsabilidad de los hechos, puede rechazarlos, agregó.

Además de Pagán, los otros acusados que se acogieron al juicio penal abreviado fueron el exanalista de Compras de la Gerencia de Abastecimiento de EdeEste, Lewin Ariel Castillo; Juan Esteban Suriel Suazo, quien admitió ser socio de varias empresas del principal acusado en Antipulpo, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El abogado de Alexis Medina sostiene que, de rechazarse el arreglo, el juez puede ordenar al Ministerio Público continuar el proceso acusatorio contra los cuatro.

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“En nada” afectan a Alexis Medina

Según Salcedo, la solución al proceso judicial que decidieron Pagán y los otros tres imputados “en nada” afecta al señalado como cabeza de la supuesta red de Operación AntipulpoAlexis Medina Sánchez.

“Tampoco pueden ser testigos. Ya los testigos de la acusación están indicados, esas personas son coimputados y no pueden servir de testigos a nada, eso no afecta en nada desde el punto de vista constitucional y legal a los demás imputados”, indicó.

Las penas acordadas y bienes devueltos

Según el acuerdo presentado al juez, el exdirector Francisco Pagán acordó “someterse a cumplir una pena de cinco (5) años de prisión, bajo la siguiente modalidad: reconocimiento como parte de la pena de los dos (2) años y un mes de medida de coerción privativa de liberad que pesa sobre él y los dos (2) años y once meses de prisión restantes a ser cumplidos bajo la modalidad de cumplimiento de pena especial (por tener más de 70 años) conforme con el artículo 342 del CPP (Código Procesal Penal) a cumplirse en el domicilio del acusado”.

El exfuncionario devolvió al Estado RD$10 millones en cinco partidas entre el 3 y el 8 de diciembre de 2021.

Se le ordenó el decomiso de un apartamento en el residencial Alco Pradisso III, en el sector La Esperilla, en el Distrito Nacional y un terreno de 3,399 tareas “con sus mejoras” en el municipio de Tamayo, en Barahona.

Además entregó 25 millones de pesos a través de cheques del Banco de Reservas y deberá pagar una multa de un millón de pesos.

Para Suazo Suriel se acordó cinco años como pena, dos de prisión y tres suspendidos. También deberá devolver dos millones de pesos y un vehículo de máquina pesada valorado en tres millones.

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Para Lewin Ariel Castillo, el Ministerio Público pidió tres años de prisión suspendida.

Santiago Muñoz sería favorecido con la extinción de la acción penal en su contra y entregaría en decomiso un inmueble en el condominio Fishing Lodge, en Cap Cana, Punta Cana, provincia La Altagracia.

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Justicia

En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación

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Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.

El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.

Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.

Triple asesinato en Villa Isabela

En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.

El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otros crímenes

Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.

Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.

Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.

Caso Víctor Erarte

Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.

El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.

Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.

El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.

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