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Justicia

Jueza autoriza rastreo cuentas bancarias en caso Gavilán

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La jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional autorizó al Ministerio Público indagar las cuentas bancarias y los registros telefónicos de los fiscales vinculados a una estructura nacional dedicada a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.

La magistrada tomó la decisión al acoger una solicitud de peticiones presentada por el Ministerio Público, quien lleva a cabo una investigación en contra de los fiscales adjuntos, cuyos nombres no se mencionan.

La designación de la jueza como control de las investigaciones que tiene el Ministerio Público en contra de los fiscales adjuntos es en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

De los fiscales investigados, sólo se ha dado a conocer el nombre del titular de la provincia Independencia, Soni Adriano Rosario, quien fue suspendido de sus funciones, aunque trascendió que también estaría vinculado un fiscal de la jurisdicción de Santiago.

COMPLICIDAD
De acuerdo al Ministerio Público los fiscales y los fiscalizadores actuaban en complicidad con inspectores de la Dirección de Migración, quienes ocultaban los impedimentos de salidas del sistema por horas, nunca por más de tres días, a la espera que las personas pudieran salir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

En el caso figuran como acusados Mártires Rosario Reyes, Luis Alfredo Astacio Polanco, además como imputados Alfredo Mirambeaux Villalona, Domingo Julio Santana Sánchez y a Rubén Darío Morbán Santana, Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes y Dilcia Argentina Nuñez Santos, Alexander Romanqui Dotel, Pilar Irene Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro.

ACUSACIÓN
Entre las acusaciones que se le formula al fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario y que motivó su suspensión, se encuentran la de “formar parte de una red dedicada al tráfico de mercancías a través de la frontera” y “mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos”.

Así se hace constar en la resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, emitida el pasado 8 de agosto, en el cual se dispone la suspensión sin “disfrute de su sueldo”.

Al fiscal Adriano Rosario se le atribuye valerse de sus funciones y utilizar bienes propiedad de la institución para realizar el traslado de mercancía contrabandeada, entre las cuales se encuentran cigarrillos ilegales.

Además, señala la resolución que también entregaba, de forma irregular, bienes muebles e inmuebles que figuran en procesos penales como cuerpos del delito, beneficiando a personas vinculadas a la comisión de diversos ilícitos penales, violación de protocolos y procedimientos institucionales sobre manejo de evidencias irregulares diversas en la organización y control de expedientes o registros de casos, entre otras acusaciones.

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Justicia

En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación

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Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.

El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.

Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.

Triple asesinato en Villa Isabela

En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.

El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otros crímenes

Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.

Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.

Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.

Caso Víctor Erarte

Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.

El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.

Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.

El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.

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