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Justicia

La Policía Nacional es la institución que más desacata las sentencias del Tribunal Constitucional

La Policía Nacional es la institución que más ha desacatado el cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. A esta se suman la Presidencia de la República, la Procuraduría y varios ministerios, de acuerdo a la publicación que hizo el tribunal en su página web.  En el listado hay otras instituciones del Estado y del sector privado que han […]

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La Policía Nacional es la institución que más ha desacatado el cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. A esta se suman la Presidencia de la República, la Procuraduría y varios ministerios, de acuerdo a la publicación que hizo el tribunal en su página web. 

En el listado hay otras instituciones del Estado y del sector privado que han desestimado decisiones de ese organismo dictadas entre los años 2013 y 2022.

Las sentencias son de diversa índole y en ellas el alto tribunal determinó se violentaron derechos de las personas que elevaron recursos ante el TC.

La Presidencia de la República; la Procuraduría General de la República,  los Ministerios de Interior y Policía; Educación; Hacienda; Salud Pública; Obras Públicas; las direcciones de Prisiones; Impuestos Internos, Aduanas; la Armada de República Dominicana y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) son parte de las instituciones públicas que han desacatado sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

Los ministerios

También han desobedecido dictámenes del alto tribunal los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ejército de la República Dominicana; la Tesorería de la Seguridad Social; el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente; las Direcciones de Migración y Embellecimiento.

Alcaldía

Las alcaldías del Distrito Nacional, de Santiago, Santo Domingo Este, Pedro Brand, Sosúa, San Juan de la Maguana, de Esperanza y el Consejo de la Hidroeléctrica de Toros están en la lista de los que han infringido las disposiciones del Tribunal Constitucional

Igualmente como responsables de incumplimientos, el TC señala a Wellington A. Matos, procurador fiscal del Distrito Judicial de Barahona; Simeón Feliz Yfrain; Cooperativa de Extractores y Procesadores de Yeso Otros Minerales La Esperanza.

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El coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral (JCE); el Consejo Superior Policial; la Cruz Roja; Rosa Berenice Lulo de Mejía y la Unidad de Prevención de la Violencia de Género. Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Espaillat, la Dirección Municipal de Monserrat en Tamayo  y el señor José Luis Matos Pérez.

El sector privado

En el sector privado, el Tribunal Constitucional cita al Sindicato de la Ruta F de Santiago; José Luis Matos Pérez; el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia); Seguros Universal; Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S.A.; la Asociación de Deportes Acuáticos (Aprodelapen); Ricardo Augusto Ripoll García, Phillip Boris Lehman, Ángel Luis Comprés Ramos; Carlos Sansoucy, representantes de la entidad.

El TC se había quejado

El presidente del Tribunal ConstitucionalMilton Ray Guevara se ha quejado de que, a pesar de haberlo comunicado al presidente de la República, las instituciones del gobierno siguen desacatando las sentencias de esa Alta Corte y adelantó que en los próximos días darán a conocer las instituciones que no acatan esas decisiones.

«La Constitución de la República dice que las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes y órganos del Estado. ¿Qué significa eso? Que el principio de lealtad a la Constitución obliga a todos los servidores públicos, incluyendo a los del tribunal, al tribunal y a los jueces porque el tribunal no está por encima de la Constitución ni los jueces del tribunal tampoco, que no se lo crean», sostuvo.

Ray Guevara había advertido que, aunque no quería escandalizar con el tema, publicaría las sentencias desacatadas y los responsables de ello.

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Justicia

En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación

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Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.

El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.

Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.

Triple asesinato en Villa Isabela

En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.

El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otros crímenes

Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.

Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.

Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.

Caso Víctor Erarte

Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.

El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.

Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.

El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.

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