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Justicia

Ordenan apertura a juicio contra coronela por agresión a defensor del pueblo en Canódromo

El auto de no ha lugar emitido a favor de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, acusada de agresión contra el defensor del pueblo y a miembros de la prensa, fue anulado por la Segunda Sala de la Cámara de Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, disponiendo su envío a juicio […]

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El auto de no ha lugar emitido a favor de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, acusada de agresión contra el defensor del pueblo y a miembros de la prensa, fue anulado por la Segunda Sala de la Cámara de Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, disponiendo su envío a juicio de fondo.

El tribunal presidido por la magistrada Rosalba Garib Holguín, e integrado por Teófilo Andújar Sánchez y Delio Germán Figueroa, dispuso que la coronela Santos Pérez responda en un juicio de fondo de los hechos que se le imputan, en el caso donde fue borrada la data del teléfono que le arrebataron a la periodista del Listín Diario.

El tribunal igualmente anuló el auto de no ha lugar dictado por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, que exoneraba de responsabilidad penal a Marisol Vargas, Rony Recio Rosario, Carlos Oliver Borque Paulino y Geraldina de los Santos Peña.

La corte, al igual que la coronela Santos Pérez, dispuso que estos imputados respondan en un juicio de fondo por la agresión contra el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, el secretario general de esa entidad, Harold Modesto, y otros funcionarios del órgano constitucional.

El tribunal también mantuvo la medida de coerción en contra de los imputados contenida en los ordinales 2 y 3 del artículo 226 del Código Procesal Penal, consistentes la presentación periódica los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, en horas laborables, hasta que culmine la etapa de juicio, y el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.

Los jueces tomaron la decisión al acoger un recurso de apelación presentado por el ministerio público en contra de la decisión del juez Mejía, dictada el 19 de enero de 2023, con el que habían sido favorecidos los referidos imputados.

En esa decisión, sin embargo, el juez Mejía dispuso el envió a juicio de fondo de los imputados Nataniel Javier Javier y Starling Ramírez Sierra, para que respondan por los hechos que se le imputan, por violación del artículo 309 del Código Penal, que tipifica golpes y heridas.

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En esta decisión la Corte admitió los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo y la calificación jurídica que había sido inobservada en la resolución de primer grado.

ACUSACIÓN

En la acusación el Ministerio Público aduce que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por Ulloa acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).

Señala que Batista Hernández y Reyes Valenzuela apuntan que Ulloa visitó las instalaciones, junto a los medios de comunicación, para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.

Asimismo, detallan que, cuando las víctimas se disponían entrar a las oficinas de administración del centro, Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN, y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín Diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes, además, agredió físicamente.

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Justicia

En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación

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Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.

El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.

Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.

Triple asesinato en Villa Isabela

En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.

El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otros crímenes

Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.

Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.

Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.

Caso Víctor Erarte

Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.

El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.

Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.

El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.

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