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Justicia

Propietario de fábrica de plásticos que explotó en San Cristóbal proclama: «Soy inocente»

Conducido por agentes policiales por los pasillos del Palacio de Justicia de San Cristóbal, Edward Vidal, dueño de la fábrica que explotó en la comunidad el pasado 14 de agosto, vociferó a la prensa: «Soy inocente». Este martes la jueza Miolany Herasme de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia del sur […]

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Conducido por agentes policiales por los pasillos del Palacio de Justicia de San Cristóbal, Edward Vidal, dueño de la fábrica que explotó en la comunidad el pasado 14 de agosto, vociferó a la prensa: «Soy inocente».

Este martes la jueza Miolany Herasme de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia del sur dictó contra Vidal, propietario de la fábrica de plásticos Vidal Plast, su esposa y su hija, medidas de coerción por su supuesta implicación en la explosión que dejó 37 muertos y 59 heridos.

A Vidal se le impuso una garantía económica de 300,000 pesos, colocación de un grillete electrónico, presentación periódica e impedimento de salida del país.

La magistrada otorgó categoría de caso complejo. Además, impuso garantía económica de un millón de pesos por contrato de fianza, impedimento de salida y presentación periódica contra Maribel Sandoval y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, esposa e hija de Edward Vidal, respectivamente.

Treinta y siete denunciantes, igual a la cantidad de víctimas, se presentaron al tribunal durante el conocimiento de esta coerción efectuada a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de la Cuna de la Constitución.

La jueza rechazó el pedimento del Ministerio Público de que la empresa Vidal Plast no pueda operar y otorgarle un año de prisión preventiva a Edward Vidal.

El presidente de la empresa deberá presentarse cada viernes ante la justicia. 

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La defensa de los dueños de la empresa dijo que apelará la medida de imponer grillete electrónico al empresario, porque, alegadamente, este sufre de diabetes.

«A los estrados se va a ganar o a perder. Esto es un proceso que va a tardar años», indicó Norberto Rondón, abogado de la familia Vidal Sandoval.

De igual forma, los representantes de las víctimas manifestaron que apelarán la decisión, por considerar que se ha cometido impunidad.

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Justicia

En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación

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Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.

El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.

Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.

Triple asesinato en Villa Isabela

En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.

El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otros crímenes

Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.

Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.

Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.

Caso Víctor Erarte

Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.

El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.

Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.

El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.

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