Después de dos años justos de estar siendo investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, la diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, fue finalmente sometida la justicia este miércoles por la Procuraduría General de la República, acusada de ese delito.

La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acompañará en el banquillo ante la justicia, a su esposo Miguel Arturo López Florencio, (Micky López), y a dos hijos de ambos, José Miguel López  Pilarte, exregidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte. También a su hermana, Ada María Pilarte, y a la pareja de ésta, Manuel Antonio Ynoa Valdez. La familia de la legisladora tiene un proceso abierto desde el año 2020 también por narcotráfico y lavado de activos. 

Señalada desde antes de ser diputada

El escándalo de la familia de Pilarte explotó un mes antes de las elecciones generales del 2020, siendo la actual congresista candidata a la curul y, pese al ruido en los medios sobre el caso, logró su objetivo de formar parte del principal poder del Estado. Micky López, esposo de Pilarte, y los hijos de ambos cumplen actualmente medida de coerción de presentación periódica después de que se les retiraran los grilletes electrónicos en octubre del 2022. Por su jurisdicción privilegiada, la diputada fue acusada ante la Suprema Corte de Justicia, a la cual le corresponde conocer el proceso en su contra.

Rosa Amalia Pilarte fue identificada por el Ministerio Público como integrante de la supuesta red que encabezaba su pareja, quien es acusado de dirigir dicha organización criminal.

La acusación en el 2020 señala a López como el cabecilla de la red que movilizó transacciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años.

«Según ha establecido el Ministerio Público en el proceso, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero», dice una comunicación de prensa de la Procuraduría General ayer.

La semana pasada, la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega dispuso el pago de una garantía económica de un millón de peso en efectivo, como medida de coerción a su cuñado Manuel Antonio Ynoa Valdez, a quien se le atribuye ser testaferro de la familia. 

Siguen a otros cuatro diputados

Aunque no han sido sometidos a la justicia, otros cuatro diputados son investigados por la Procuraduría General, tres de ellos también del PRM. Estos cuatro legisladores son Sergio (Gory) Moya de la Cruz, del Distrito Nacional y mencionado en Operación Calamar; Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo, señalada en Operación Falcón; y  Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado por Santiago, quienes son del partido oficial. Asimismo, se siguen los pasos de Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo (Pedernales), por el PRD.

De los cuatro, solo Sergio (Gory) Moya  no se investiga por asuntos vinculados a las drogas, aunque estuvo sometido en los años 90 junto a un hermanos suyo por infringir la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Faustina Guerrero, Marmolejos Gil y a Féliz Féliz, se les vincula a Operación Falcon, cuyos implicados habrían traficado cientos de kilos de drogas en el país y en Puerto Rico.

Sergio (Gory) Moya ha sido propietario de bancas Merengue Sport, según delatores de la Operación Calamar, y supuestamente era uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería creado por el exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien encabeza la supuesta trama desarticulada con  Calamar. La Suprema Corte de Justicia asignó al juez de esa alta corte, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, como control de la pesquisa a los cuatro legisladores. 

Inscribieron candidaturas

Los cuatro diputados actualmente investigados, así como Rosa Amalia Pilarte, inscribieron sus precandidaturas en las organizaciones de las que forman parte, con la aspiración de ser nuevamente elegidos en la curul en el 2024. No obstante, expertos, como la  Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han aclarado que el hecho de que exista contra ellos una acusación no los inhabilita para competir en los comicios. 

«Ese es un derecho, pues existe la presunción de inocencia, existe el debido proceso, y la Constitución ampara eso, evidentemente ahí hay un tema de carácter moral si se quiere, pero que no limita a que esa persona se presente como candidato», destacó el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Más diputados en la picota; uno condenado

Otros legisladores que han sido juzgados recientemente, luego de ser acusados por el Ministerio Público, son Sadoky Duarte, representante de la provincia Sánchez Ramírez y Gregorio Domínguez Domínguez, de Santiago.

Sadoky Duarte fue condenado en octubre del 2022 a tres meses de prisión suspendida por  «ultraje y violencia contra la autoridad pública».  La Segunda Sala Penal de la SCJ lo declaró culpable por violencia contra una agente policial y un fiscal en Cotuí.

Domínguez Domínguez  fue exonerado por desalojo ilegal, pero en esta semana se dio a conocer que fue nuevamente sometido, esta vez por violencia de género contra la extranjera  Anabella Starnes, en mayo del 2021 en Puerto Plata.