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Justicia

Imputado en Operación Gavilán cobraba entre 8 y 15 mil pesos para borrar ficha en la Procuraduría

Uno de los imputados en la red criminal desmantelada mediante la Operación Gavilán cobraba entre ocho mil (RD$8,000.00) y quince mil pesos (RD$ 15,000.00) a cambio de retirar una ficha a personas con antecedentes penales. Según el expediente de solicitud de medida de coerción contra los 12 implicados en la red, el imputado Mártires Rosario Reyes, quien […]

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Uno de los imputados en la red criminal desmantelada mediante la Operación Gavilán cobraba entre ocho mil (RD$8,000.00) y quince mil pesos (RD$ 15,000.00) a cambio de retirar una ficha a personas con antecedentes penales.

Según el expediente de solicitud de medida de coerción contra los 12 implicados en la red, el imputado Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General, solía cobrar la referida cantidad de dinero para borrar una ficha y llegando a retirar múltiples fichas, incluso de otras jurisdicciones como la de Higüey, provincia La Altagracia.

«Al depurar otras transacciones en la misma cuenta, se verifica que el imputado Mártires Rosario Reyes recibe múltiples depósitos mensuales de diferentes cuentas que van entre los cinco mil a veinte mil pesos, acumulando en algunos meses sumas que superan los 200 mil pesos», destaca.

La supuesta red llegó a borrar hasta ocho mil fichas, según precisa el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción.

El Ministerio Público indica que comprobó que en la Fiscalía de Monte Plata el coordinador de la referida unidad, Carlos Santa Abad, por instrucciones del imputado Mártires Rosario Reyes se dedicaba a cobrarle a los usuarios para el retiro de las fichas de manera irregular y que dichos retiros no solo se realizaban en el marco de quienes por alguna razón no estaban sujetos a tener el referido registro criminal, sino que personas con procesos abiertos les eran retirados los antecedentes penales o fichas a cambio de sobornos o remuneraciones económicas.

Señala la acusación que al interrogar a Carlos Santa Abad sobre cómo se lograba retirar las fichas si estaba en Monte Plata, ya que la acción es de aplicación exclusiva de ciertos departamentos centrales de la Procuraduría General, este dijo que lo hacia a través de su contacto, Mártires Rosario Reyes.

«Sostiene este (Carlos Santa Abad) que la temática se realizaba ya que las personas se acercaban a él, le pagaban una cantidad de dinero a cambio de que este le hiciera el contacto con el imputado Mártires Rosario Reyes, quien luego cobraba un segundo monto y valiéndose del cargo que ocupa en el departamento de seguridad de la información en la Procuraduría General de la República, procediendo estos a coordinar un precio con el referido empleado», indica la acusación.

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El expediente explica que la presunta red trabajaba de manera organizada, con características propias de las organizaciones del crimen organizado.

Los integrantes de la red beneficiaron a criminales de alto perfil, ofreciéndoles un servicio permanente de borrado de registros penales, a cambio de considerables cantidades de sobornos.

Los imputados

En la red están imputados Alfredo Mirambeaux Villalona, encargado de la División de Administración de Base de Datos en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República; Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte del sistema de justicia en dicha dirección; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este; Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel y Domingo Julio Santana Sánchez, empleados de la Procuraduría.

También están imputadas Yokaira Elizabeth Carmona, Luis Alfredo Astacio Polanco, la hija y la esposa del imputado Rubén Darío Morbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, respectivamente, Anthony Vicente Ferrer Monegro, miembro de la Policía Nacional, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

Además, las autoridades investigan a siete fiscales por su presunta participación en la red, sin que hasta el momento los hayan identificado. 

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Justicia

En RD estamos tan seguros que hasta a la justicia se le dificulta enjuiciar haitianos por falta de identificación

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Las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en el país en condiciones de ilegalidad, ya que su captura se complica, porque no hay ningún tipo de registro, pero mucho menos cuentan con documentación para poder ser identificados por las autoridades.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitianos que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleados o que pernoctan en la misma localidad.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad, quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda, en un hecho registrado en el sector Enriquillo del municipio Mao, provincia Valverde.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Anewdy Tejada Estévez, mencionó que Dulce María Barrera, alías Doña Nena, fue atada de pies manos por su captor que le propinó unas cinco estocadas.

El magistrado dijo que han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano apodado “Keke”, quien era conocido de la mujer y que frecuentaba la casa para limpiar y realizar otros tipos servicios.

Dijo que el principal sospechoso, al estar de manera ilegal y no tener ningún tipo de registro, se le torna un tanto difícil capturarlo, pero no descarta en que en las próximas horas puedan dar con su paradero para someterlo a la justicia.

Triple asesinato en Villa Isabela

En otro hecho, el interior de una casa fueron encontrados sin vida, con signos de violencia, Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de la Hacienda Josefina, y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 64 años, y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años. Por este hecho responsabilizan a varios haitianos que tenían cerca de 15 días trabajando para el hacendado en su propiedad.

El triple crimen se le atribuye a un haitiano solo identificado como Rodolfo o Blanco, quien era empleado en la hacienda y dos años después del hecho las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otros crímenes

Un hecho que marcó a los residentes de Dajabón y gran parte del país, fue la muerte de cuatro personas miembros de una misma familia y un herido, hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, provincia Dajabón. Las autoridades acusaron a varios haitianos de ser los responsables de cometer este horrendo crimen.

Por este caso, días después, en la comunidad Pocito de Guayubín, uno de los presuntos autores de nacionalidad haitiana cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento.

Al haitiano fallecido se le ocupó una escopeta, que figura a nombre del hacendado Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años de edad, quien fue asesinado en su finca junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera Ramos, de 49 años; su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años y un amigo. En la masacre también resultó herido Cristian de Jesús López, de 25 años, quien fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez.

Caso Víctor Erarte

Un hombre, solo identificado como “Junior el Haitiano”, cumple medida de coerción por ser el principal autor de la muerte violenta del destacado folclorista Santiaguero, Víctor Daniel “Vitico” Erarte.

El cuerpo de Erarte, quien además era maquillista y coreógrafo, presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, el acta de defunción arrojó que su deceso fue provocado por asfixia y golpes.

Erarte fue encontrado muerto en su residencia, con signos de violencia, la noche del pasado 30 de octubre de 2022, en el sector Los Jardines Metropolitanos en Santiago.

El factor común en todos estos hechos violentos perpetrados por haitianos, es que trabajaban o eran parte importante de las actividades comerciales, domésticas o de los quehaceres del hogar y propiedades de sus víctimas.

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